El Poder Ejecutivo envió a los gobernadores un nuevo borrador de la ley ómnibus como punto de partida para volver a negociar en el Congreso.
El Poder Ejecutivo mantuvo el nuevo mínimo de Ganancias en $1.250.000 por mes, el mismo monto que planteó en enero, sin actualización por inflación. Volvió a incluir un blanqueo y moratoria
De forma separada, adjuntó un paquete de medidas fiscales que, en algunos artículos, implicará un alivio fiscal a las arcas provinciales por la vía de una mayor coparticipación, como por ejemplo la restitución del pago de Ganancias para unos 800 mil empleados.
“El Estado argentino se encuentra bajo la obligación de balancear sus cuentas fiscales, debiendo para ello apoyarse en dos pilares fundamentales: la reducción de gasto público y la mejora en la recaudación impositiva”, asegura la Casa Rosada en el proyecto de ley que giró hacia los gobiernos provinciales.
“El sistema fiscal argentino registra una de las mayores tasas de presión fiscal en el mundo cuando se analiza el sector formal de la economía. La existencia de numerosos impuestos distorsivos dificulta y margina a muchos individuos, empresas y emprendimientos del sector formal. Ello derivó en un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de estas empresas, que perjudicó ampliamente la recaudación fiscal a lo largo de las últimas décadas”, continuó.
Para justificar el retorno de la cuarta categoría de Ganancias, eliminado a fines de 2023 por el Congreso tras un proyecto empujado por el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, el Poder Ejecutivo planteó que “ese impuesto es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación los ingresos netos del contribuyente, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular o que recaen sobre el valor del activo sin tener en cuenta su rendimiento económico”.
Ganancias
El paquete fiscal prevé volver a cobrar ese tributo a un grupo numeroso de trabajadores en relación de dependencia que habían quedado exentos. “Se propone modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias para alcanzar, a través de alícuotas progresivas, una carga tributaria que permitirá al Estado recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa a diciembre de 2023 sin dejar de lado los elementos rectores del tributo en cuestión: la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del impuesto a los ingresos para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución”, explica el proyecto.
Monotributo
Las escalas de monotributo pasarían a ser, de acuerdo al paquete fiscal, de un máximo de ingresos de $3.000.000 anual (unos $250.000 mensuales) para la categoría más baja; para la categoría B un tope de $4.000.000 anuales ($333.333 mensuales); para la C un máximo de $5.500.000 por año ($458.333 mensuales); para la D un techo de $7.500.000 anuales ($625.000 por mes).
Para las categorías más altas las escalas quedarían: para la E con un ingreso anual máximo de $10.000.000 ($833.333 mensuales); para la F de $13.000.000 anuales ($1.083.333 por mes); para la G de $16.500.000 ($1.375.000 mensuales); y para la H, un tope de $20.500.000 ($1.708.333 mensuales).
Bienes Personales
El proyecto prevé una reducción de alícuotas, tal como lo estipulaba la versión anterior que fracasó en la Cámara de Diputados. “No escapa al conocimiento general que, durante los períodos fiscales que van entre el 2016 y el 2023, la alícuota nominal del impuesto sobre los bienes personales fue incrementada en sucesivos saltos desde el 0,25% (proyectado bajo el artículo 70 de la ley 27.260) hasta una tasa máxima del 2,25%, vigente actualmente”, menciona en los considerandos.
“Resulta evidente que un tributo patrimonial cuya alícuota máxima actual alcanza el 2,25% resulta excesivo a la luz de las garantías constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad que rigen nuestro sistema fiscal, ya que en muchos casos implicaría la absorción de una parte sustancial de la renta de los activos gravados e, incluso, podría resultar en la pérdida paulatina del capital productor de renta”, planteó.
