De acuerdo a la ley que creó el cargo, el Defensor del Pueblo de la Nación necesita la aprobación de los dos tercios de cada Cámara del Congreso para ser designado y cuando hay más de un candidato deben realizarse votaciones sucesivas hasta que uno reúna esa mayoría.
El próximo miércoles el Senado tendrá una sesión ordinaria y Cambiemos quiere poner a votación esa terna de aspirantes con el objetivo de que salgan de allí los dos nombres más votados, entre quienes deberá definirse luego el cargo, cuando alguno sea aprobado por los dos tercios.
Si bien ninguno reúne todavía ese nivel de consenso, Cambiemos quiere empezar a votar para que la lista se vaya achicando y que la designación se produzca lo más rápido posible, porque la vacancia de ese cargo, sin titular desde 2009, puede influir sobre otros temas que preocupan al Gobierno.
El Defensor del Pueblo de la Nación es una institución autónoma dedicada a la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional ante actos u omisiones de la administración gubernamental, lo que la hace ser observada por organismos como la ONU.
En ése ámbito, la Argentina tiene una calificación elevada por la actuación del Defensor del Pueblo como institución, pero la prolongada vacancia del cargo (el último en ocuparlo fue Eduardo Mondino, que renunció en 2009) amenaza ese status y podría recibir antes de fin de mes una mala nota de Naciones Unidas.
La preocupación del Gobierno es que si eso ocurre el país no podrá ingresar a la OCDE, un objetivo que obsesiona a la Casa Rosada desde que la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación.
La semana pasada la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo eligió por mayoría la terna integrada por Sarghini, Roggero y Amor, surgida de una lista de 20 candidatos, y la senadora de Cambiemos y presidenta del cuerpo, Marta Varela, justificó la velocidad que comenzó a darle a la elección.
"Para el 26 de este mes hay una reunión en la ONU donde es fundamental que la Argentina tenga una institución con categoría A, rango que hoy posee la Defensoría y que corre peligro sin un titular al frente de dicha institución. Si eso pasa, la Argentina no podrá ingresar a la OCDE y este un costo que, simplemente, no podemos arriesgarnos a tomar", advirtió.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Poder Ciudadano enviaron junto a otras ONG S una carta a los candidatos a Defensor del Pueblo para pedirles de declinen su postulación tras cuestionar el procedimiento del Congreso.
Las agrupaciones consideraron que el procedimiento que llevó a cabo en la Comisión para seleccionar la terna ha "vulnerado el derecho a la participación ciudadana" y por esa razón les solicitaron a los tres candidatos "que declinen la postulación hasta tanto se realice un procedimiento amplio, transparente y participativo".
Las ONG S subrayaron que "el Defensor del Pueblo es un actor fundamental en el sistema de defensa de los derechos humanos, el control de los actos de Gobierno, y como canal de comunicación entre el Estado y la sociedad" y que requiere que su titular "sea una persona con idoneidad técnica y moral, independencia y proactividad (demostrada con la trayectoria) en la defensa de derechos".
"Por ello, es necesario establecer un procedimiento participativo, abierto y transparente para que quien resulte seleccionada/o sea el/la mejor candidato/a posible", indicaron las organizaciones y remarcaron que hicieron esa sugerencia a la Comisión Bicameral.
También indicaron que "resulta preocupante que la totalidad de los integrantes de la terna esté compuesta por varones, por lo que de no modificarse este criterio se bloquearía por completo la posibilidad de que el Congreso tenga también la opción de elegir a una mujer para ocupar el cargo".
"Si ustedes como candidatos aceptan ser designados de este modo, estarían convalidando que decisiones políticas de esta envergadura se adopten sin escuchar al pueblo, y con ello, traicionando desde antes de asumir el mandato que pretenden ejercer", finalizaron las organizaciones.
La nota lleva las firmas de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Asociación por los Derechos Civiles (ADC); CELS; Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación Directorio Legislativo y Fundación Poder Ciudadano.
Durante la reunión de la Comisión Bicameral en la que se eligió la terna, las diputadas y senadoras del kirchnerismo hicieron un planteo similar con el respaldo del CELS y señalaron que se debía realizar una audiencia pública con los candidatos al cargo.
Sin embargo, el artículo 2 de la ley 24.284 que establece el procedimiento para elegir al Defensor del Pueblo no menciona la necesidad de realizar audiencias públicas ni ningún otro tipo de mecanismo abierto.
