El goteo migratorio.Surge de los registros oficiales. Hace 10 años se pedían 5 por hora. Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia lideran las procedencias. Pero no se sabe cuántas personas hay en situación ilegal.
En la oficina de Migraciones en Retiro, unos 100 extranjeros esperan para hacer el trámite de radicación en la Argentina. Si bien el sistema está informatizado y se puede pedir turno por Internet, hay una última etapa presencial que se hace más tediosa. Como si fuera un antídoto contra esa demora, la pantalla que muestra el lento avance de los números tiene también las caras felices y las frases de otros extranjeros que hoy ya son argentinos: “Todo lo que tenemos es gracias a este país”, “Me siento argentino de corazón”, “La Argentina fue para mi la felicidad”, “Amo Argentina, nos dio todo lo que España no pudo”. Un escenario feliz, que impulsó a 276.428 extranjeros a iniciar los trámites de radicación en el último año, según cifras de Migraciones. Pero esa realidad contrasta con la discusión sobre los extranjeros que cometen delitos, que volvió a poner en agenda la política migratoria de la Argentina.
Hace diez años, solo se solicitaban cinco radicaciones por hora (un total de 40.039 en el año 2004), aunque el panorama empezó a cambiar a partir del programa Patria Grande, en 2006, que vino a regularizar la situación de inmigrantes que ya vivían en el país.
Según las cifras de Migraciones, Paraguay, Bolivia, Perú y Colombia son los países que lideran el ranking de procedencias (ver infografía). Y tan solo uno de cada diez trámites de radicaciones corresponde a ciudadanos de países Extra Mercosur (248.751 radicaciones en el Mercosur contra 27.727 de países ExtraMercosur).
De acuerdo con un relevamiento de Clarín, la mayoría ingresa para buscar trabajo, estudiar, atenderse en hospitales públicos y acceder a planes sociales.
Según el último censo, la población extranjera en el país es de 1,8 millones de personas, lo que representa un 4,5 por ciento de la población total. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas de diferentes partes del mundo viven en el país en situación ilegal, sobre todo por lo que sucede en las fronteras del norte (ver aparte).
Precisamente, esta semana, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, vinculó el aumento de los delitos a la cantidad de extranjeros ilegales que residen en el país y reavivó el debate. “Les pido a los señores legisladores que se sienten a legislar y que le den las herramientas ágiles a la Justicia para que, y que nadie lo trate como una declaración xenófoba, vuelvan a su lugar de origen y no entren nunca más”, dijo Berni, y dirigentes todo el arco político salieron a polemizar. Daniel Scioli y Sergio Massa se sumaron a la idea de expulsar a los extranjeros que cometen delitos.
Incluso durante la presentación de la reforma del Código Procesal, la presidenta Cristina Kirchner dijo en cadena nacional que los extranjeros sorprendidos “in fraganti” serán expulsados y no podrán volver a reingresar por 15 años: “Es una protección que merecemos los argentinos, que merece el conjunto de la sociedad frente a lo que se ha venido observando como un fenómeno creciente de extranjeros que ingresan al país con motivos de delinquir”.
Entre algunas declaraciones políticamente correctas y otras cercanas a la xenofobia, la situación parece estar lejos de lo que pasa en las oficinas de Migraciones: ahí, solo pareciera haber gente que llega a este país en busca de una oportunidad.
