El juez ordenó allanamientos en empresas y oficinas del Estado.Es la compra de gas licuado que hace ENARSA con dinero de Planificación y asesoramiento de YPF.
El allanamiento de las oficinas del Ministerio de Planificación, ENARSA e YPF ordenado por el juez Claudio Bonadío es para buscar pruebas en una denuncia sobre corrupción en un negocio que, sólo el año pasado, superó los US$ 4.000 millones. Se trata de la importación de gas licuado que realiza ENARSA, con dinero que administra Planificación, y con asesoramiento de YPF.
Sólo en 2014 las importaciones de gas licuado a través de barcos rondó los US$ 4.000 millones. Bonadío está investigando las compras hechas por el Estado a través de estos organismos en los últimos 7 años. La denuncia sobre sospechas de corrupción en estas compras la hicieron legisladores de la oposición.
Hasta el momento, sólo hablaron sobre los allanamientos en YPF. "No se trató de un allanamiento sino de un requerimiento de información", dijeron en la petrolera estatal. Los empleados del juzgado llegaron con una lista de papeles que querían, probatorios de las compras de GNL en ese período. Si la compañía se negaba a entregarlos, los oficiales judiciales tenían en el bolsillo la orden de allanamiento. Pero no hizo falta, el departamento de legales de YPF les entregó toda la documentación solicitada, en una reunión que duró alrededor de 2 horas y media.
“YPF no tenía ninguna intervención previa en la causa en que esta orden se ha librado y no tiene conocimiento de lo que se investiga en ella,” señalaron en la empresa.
En los hechos, YPF ha asesorado a ENARSA sobre las compras de GNL. Pero en los últimos años hubo tensión entre ambas empresas estatales por este negocio millonario, que genera comisiones también millonarias. No siempre ENARSA aceptó las recomendaciones de YPF sobre cómo encarar las operaciones por las cuales se compran decenas de barcos de gas al año para suplir la falta de combustible local.
