El Gobierno de Alberto Fernández instó al régimen de Nicolás Maduro a cumplir las recomendaciones de la ONU
Argentina expresó su profunda preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela reseñadas en el nuevo informe de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet; e instó al régimen de Nicolás Maduro a cumplir con las recomendaciones de la ONU. Además, pidió elecciones justas y creíbles.
“Señora presidenta, leímos con detenimiento el informe y las recomendaciones. Compartimos con la intervención conjunta pronunciada por Perú la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela”, comenzó su intervención Federico Villegas, embajador argentino ante los organismos internacionales en Ginebra.
Y agregó: “Esta crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones económicas y financieras, y por la pandemia del COVID-19, como ha reconocido la Alta Comisionada. También coincidimos en que solo el orden constitucional, la democracia y el Estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela”.
Luego Villegas enfatizó: “En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado de la Alta Comisionada en favor de una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”.
Por último, sostuvo: “Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles. Entendemos que no son el aislamiento, las sanciones ni la estigmatización el camino apropiado para salir de esta crisis, sino el apoyo, la solidaridad y la utilización de los mecanismos de protección de este consejo”.
“Instamos a Venezuela a cooperar plenamente con este consejo y sus mecanismos, a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en su informe y a continuar implementando la cooperación con su oficina”, concluyó.
El informe de Michelle Bachelet
El documento presentado hoy por la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la ONU afirma que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, una de las áreas más ricas en recursos minerales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violencia que han causado al menos 149 muertos desde 2016.
La investigación destaca que los mineros de la zona “están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia” por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como “sindicatos”.
“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región y de los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, subrayó Bachelet.
El informe indica que esos “sindicatos” aplican castigos crueles a quienes infringen las reglas que ellos imponen y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección.
Mantienen sus actividades ilegales y su control de la zona, donde deciden quién puede entrar o salir, a través de un sistema de corrupción y soborno que incluye pagos a comandantes militares, añade el documento.
Éste también detalla las pésimas condiciones de vida de muchos de los mineros, en su mayoría procedentes de otras regiones venezolanas y empujados a emigrar por la crisis económica en el país.
Trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, y están obligados a pagar entre el 10 y el 20 % de lo que obtienen a los grupos criminales, a lo que debe sumarse hasta un 30 % para los propietarios de molinos donde se trituran las rocas para extraer minerales.
El Arco Minero del Orinoco, situado en el centro del país y repartido entre los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, cuenta según los estudios con al menos 7.000 toneladas en reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales.
Los mineros allí viven en zonas sin agua corriente, electricidad o servicios sanitarios, donde se ha registrado un aumento de los casos de malaria no solo entre inmigrantes sino también en comunidades indígenas locales.
Estos habitantes oriundos y los mineros también han sufrido casos de envenenamiento por mercurio, elemento utilizado para separar el oro de otros minerales, altamente tóxico y que contamina tanto a través de los gases que genera el proceso de separación como por filtraciones al suelo y los ríos de la zona.
Una tiranía en las minas
El informe denuncia, asimismo, que niños, algunos menores de diez años, trabajan también en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes.
Las 149 muertes recopiladas en el informe, registradas en los últimos cuatro años, fueron resultado de disputas por el control de las minas o por castigos impuestos por los grupos criminales, que incluyeron palizas, amputaciones de manos o hasta asesinatos.
Algunos de los cadáveres de trabajadores represaliados fueron arrojados a antiguos pozos mineros, denuncia la investigación, que señala que en algunos casos las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en incidentes violentos.
Bachelet pidió a las autoridades venezolanas que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual, desmantelar los grupos criminales que controlan las actividades mineras y castigar a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Deterioro de la Justicia
Aunque el informe presentado hoy al consejo se centró en la situación en el arco minero, también repasó otras situaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo en su sistema de Justicia, que de acuerdo con el documento se ha visto deteriorado por presiones a la judicatura e interferencias políticas.
La capacidad del poder judicial para actuar de forma independiente con el fin de proteger los derechos humanos se ha visto gravemente afectada y está contribuyendo a la impunidad, denunció el informe.
Las dificultades para que el Ministerio Público investigue violaciones de derechos humanos son especialmente patentes en el caso de asesinatos perpetrados durante protestas, operaciones de las fuerzas de seguridad, denuncias de tortura y violencia de género, subraya.
“Pido al Gobierno venezolano que emprenda y complete las reformas anunciadas al sistema de Justicia para garantizar su independencia e imparcialidad, detener el uso de la justicia militar para juzgar a los civiles y cumplir con su obligación de investigar cualquier denuncia de tortura y malos tratos“, concluyó Bachelet.
