Lo afirmó la diputada Patricia Bullrich durante un encuentro sobre lucha contra el delito financiero organizado en el Malba. El analista Rosendo Fraga, otros de los disertantes, dijo que hace falta "voluntad política" para atacar la corrupción y mencionó el caso de Lázaro Baéz
"La Argentina ha tenido y tiene una creciente amenaza de agrupaciones criminales que nos permite inferir que el caudal de lavado de activos es muy grande", afirmó la diputada Patricia Bullrich al darle inicio a su participación en el encuentro sobre la lucha contra el lavado de activos y otros delitos complejos que se desarrolló esta mañana en el Malba, organizado por la FININT (Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera) y la REAL (Red Argentino-Americana para el liderazgo).
La legisladora macrista manifestó que "es necesario reorganizar el sistema de cooperación internacional, que ha sido desmantelado. La Argentina hacía un trabajo de cooperación muy importante, tanto con América Latina y Estados Unidos, pero esto ahora ya no sucede".
Bullrich argumentó que esta degradación en la lucha contra los delitos financieros tiene como raíz la "fuerte politización" de los funcionarios encargados de los organismos estatales que deben investigar el lavado de dinero y otros delitos complejos.
"Para combatir el lavado no hay que ser parte. Los funcionarios deben ser verdaderos luchadores contra el lavado, y no tener ningún tipo de complicidad", dijo la ex ministra de la Alianza, haciendo la primera referencia a las acusaciones de corrupción que pesan sobre la administración kirchnerista.
"Solos hemos tenido 5 condenas en los casos de lavado, y todas fueron casos menores. Ahora tenemos el caso de la empresa The Old Fund, vinculada al vicepresidente Boudou, y el caso de Lázaro Báez, ahora también investigado en los EE.UU. Pero cuando las sociedades tienen vínculos con miembros del Gobierno, generalmente no son investigadas", puntualizó.
Por su parte, el analista Rosendo Fraga, y en respuesta a la mención por parte de Bullrich de su proyecto para modificar el Código Procesal Penal, dijo que el problema de la Argentina "no es normativo, sino que estas normas no se aplican".
Y añadió: "El gran problema es que no aplicamos el marco normativo actual, que es una condición necesaria pero no suficiente para arreglar las cosas. Estamos llenos de leyes, y los problemas no se solucionan.
El reconocido consultor opinó que, para que las leyes se apliquen, se necesita "voluntad política" de la dirigencia y movilización de parte de la sociedad civil, aunque lamentó que ésta solo se mueve "por espasmos, sin sostener su reclamo".
Como ejemplo del mal funcionamiento de las instituciones, Fraga mencionó un reciente caso que involucra además al Uruguay y al polémico empresario Lázaro Báez, sospechado de tener vínculos comerciales con la familia Kirchner.
"La Argentina presiona a Uruguay exigiéndole mayor transparencia bancaria, en sus sociedades, y logra que acepte. Pero cuando la Justicia uruguaya pone en práctica esta cooperación, y pide información a la Argentina sobre Lázaro Báez, bloquean el pedido, que hace 7 meses está en el limbo", reflexionó el analista político.
