Por Diego Granda
Este viernes primero de abril comienza un nuevo ciclo de sesiones en la legislatura, pero no es cualquier otro: esta vez, el gobernador Gerardo Morales ya está en carrera por disputar un lugar en las próximas presidenciales. Sea como fuere, Jujuy estará en boca del resto del país. No solo por eso la Asamblea Legislativa de este viernes no es como cualquier otra: también circula en cualquier reducto de Estado el rumor de que se vendrá una reforma constitucional, ¿será?
En efecto, los números alcanzan y es innegable que la Constitución actual quedó vieja en varios temas. En esta columna me propondré solamente profundizar en uno: el piso electoral.
Diversas fuerzas han denunciado varias incongruencias de nuestro sistema electoral y cómo estas afectan los principios básicos de nuestra democracia. Quizás este año se terminan. La posibilidad existe.
Repasemos un poco de historia: en 1986 se reformó, por última vez, la constitución de Jujuy, y el nuevo art. 104 elevó de 30 a 48 los diputados provinciales y estableció que la elección de los mismos fuera mediante el sistema de representación proporcional. Para que se entienda con sencillez: se constitucionalizó como principio democrático que cada fuerza ingrese a la legislatura en estricta relación a los votos obtenidos. El sentido de la reforma, en ese momento, según consta de archivos, fue fomentar la pluralidad y la inclusión política.
35 años después, hecha la ley, hecha la trampa. En Jujuy, esa trampa es el piso electoral: una ley anterior a la reforma prohíbe -y excluye- contabilizar los votos de quienes no superen el 5 por ciento del padrón. Es una ley que se sancionó un año antes de reformar la constitución, en 1985. ¿Estamos ante una ley anticonstitucional? Es una pregunta que interpela a los espacios de poder más concentrados, y nadie quiere responder.
Un ejemplo de tantos es lo que pasó en las elecciones provinciales del año pasado, oportunidad en la cual, de nuevo, el piso impidió a cinco frentes ingresar a la legislatura para representar a más de 115.000 jujeños que los apoyaron.
Esta forma no-lógica ni proporcional ¿e insconstitucional? de convertir los votos en bancas, viene haciendo estragos desde hace décadas. Sistemáticamente, y a pesar de que hayan cambiado los gobiernos, hay fuerzas que son apoyadas por el pueblo pero que no logran ingresar a los escaños. Eso se traduce, por decantación, en un menor acceso a derechos.
La razón de ser de cualquier sistema proporcional es que cada banca debe representar a la misma cantidad de habitantes -de electores-, o de votos válidamente emitidos.
Solo así se garantiza la igualdad del voto. Que todos “pesen” lo mismo al momento de generar representación política. Eso es la democracia. Y eso no sucede en Jujuy, donde pareciera excluirse a las minorías y se otorga una sobrerrepresentación a las mayorías, distorsionando por completo la representatividad de la voluntad popular.
Claro, no es casual, hay a muchos a los que les conviene. Analizándolo desde cualquier ángulo: la distribución de bancas para nuestra legislatura (donde debiera estar representada la totalidad del pueblo) no se realiza de forma proporcional como ordena la Constitución. El piso (art.50 de la ley 4.164) ostenta una naturaleza jurídica que contraría el principio republicano de nuestro Estado. Mientras siga vigente será una puñalada democrática. ¿No será hora ya de debatirlo y modificarlo?
