El viernes con algunos reparos y observaciones en cuanto a las formas empleadas por el oficialismo para aprobar leyes, la Legislatura jujeña hizo ayer una enmienda en el texto de la Ley de Emergencia del Transporte Público por carretera, extendiendo a 18 los años la antigüedad de las unidades que prestan el servicio en cuestión en todo el territorio provincial.
Al exponer su posición, Rubén Rivarola, diputado del PJ y vicepresidente segundo de la Legislatura, indicó que no estaba de acuerdo con ampliar la antigüedad de las unidades del transporte público de 16 a 18 años. En ese sentido, argumentó que no se puede seguir teniendo unidades que no reúnan las mínimas condiciones de seguridad. “No quiero ser responsable de lo que pueda llegar a pasar, por ello no voy a acompañar este proyecto de modificatoria”, esgrimió a la vez de pedir disculpas al presidente y a sus compañeros de bloque.
Rivarola, aprovechando su tiempo de alocución, volvió a pedir respeto por el procedimiento legislativo y rechazó el avasallamiento del derecho que tienen los legisladores de acceder a la información precisa y puntual de los temas que se van a tratar en cada sesión. “Esto no habla de una práctica legislativa superadora, porque las leyes deben resultar del consenso y el estudio preliminar con la intervención de todos los actores involucrados por las normas que se pretenden establecer”, fustigó.
“Sesionar para corregir leyes sancionadas hace un mes denigra la calidad legislativa”
Así lo manifestó el jefe del bloque del PJ, Javier Hinojo, durante la sesión extraordinaria.
En la 9° sesión extraordinaria del Cuerpo legislativo, en la que también tomó estado parlamentario el pedido de desafuero de la diputada del FUyO, Mabel Balconte, la bancada justicialista se mostró crítica con el ingreso del proyecto para corregir la Ley de Emergencia del Transporte, aduciendo que el Parlamento viene incurriendo en desprolijidades porque el pleno de los representantes, sobre todo la oposición de la que forman parte, no tienen acceso a los expedientes ni el tiempo mínimo indispensable para analizar sus contenidos.
En ese sentido, su titular, Javier Hinojo, volvió a recordar que durante las sesiones extraordinarias celebradas de diciembre a esta parte, muchos proyectos no fueron ni siquiera acordados en Labor Parlamentaria. “Es la tercera vez que sesionamos para corregir leyes aprobadas hace un mes atrás. Lo único que se pide es participación y tener los instrumentos necesarios para realizar un estudio pormenorizado y de esa manera aportar leyes acordes a las necesidades de nuestra sociedad. Esto denigra la calidad parlamentaria”, completó.
Mencionó además que la Cámara trabajó todo el año pasado escuchando a los actores involucrados en el tema para avanzar en una ley que solucione la cuestión de fondo y no volver a caer en una emergencia y que la legislación no caiga en letra muerta. Sobre la corrección que se le hizo a la norma, aprobada el 22 de enero último, Hinojo puso reparos y cuestionó la metodología. “Si seguimos empleando esta metodología, seguramente seguiremos sesionando para enmendar errores, pudiendo evitarse ello con una mayor participación de los legisladores y de las partes interesadas en cada uno de los temas que se abordan en el recinto”, vaticinó.
Repitió a modo de queja que se viene pasando por alto el procedimiento legislativo y aseguró que el oficialismo, al tener el número, está aprobando prácticamente a “libro cerrado” cada iniciativa que envía el Ejecutivo provincial. “Últimamente ingreso al recinto con la guía de los temas y sin ningún expediente en mano, porque sé que el oficialismo no nos permitirá hacer ni una sola corrección”, apuntó para describir el paso avasallante que viene dando la UCR en los encuentros llevados a cabo hasta aquí.
Otros legisladores peronistas que hicieron oír sus voces de queja fueron Octavio Herrera, que afirmó que desde su bloque se había anticipado lo que podía suceder con la sanción de la Ley original tal como estaba redactada, la que dejaba fuera de circulación cerca de 100 unidades; Alberto Matuk, quien sostuvo que esta norma traerá otras implicancias en el transporte interurbano, dando por descontado que la misma seguramente deberá volver a corregirse; y Luis Cabana, quien deslizó un pedido para que la iniciativa pasara a comisión, señalando que había que priorizar, por sobre los intereses de los empresarios, la vida de los usuarios.
