Ese grupo de gobernaciones no llegan a cubrir el 30% de su gasto público con ingresos propios. También concentran la mayor parte del reparto discrecional de dinero
El pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia que impulsa el presidente Alberto Fernández con apoyo de un grupo de gobernadores tras el fallo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires puso de manifiesto el nivel de dependencia que tienen algunas arcas provinciales de los envíos federales automáticos desde la Casa Rosada.
Los datos oficiales muestran que para un grupo amplio de provincias los fondos recibidos por la vía de la coparticipación representan más del 75% de sus ingresos totales a través de impuestos provinciales, principalmente Ingresos Brutos, Sellos, inmobiliarios o automotor.
En general, las provincias que apoyan la estrategia de Fernández son del Frente para la Victoria. Entre las que no lo hacen hay algunas que responden a Cambiemos, como Jujuy, Corrientes, Mendoza y CABA.
Una manera de medir el nivel de dependencia de la coparticipación que consta en calcular cuánto del gasto público de cada provincia se puede sustentar con los ingresos propios, excluyendo al reparto de fondos desde Nación.
Entre las 10 que apoyaron la idea de juicio político a los integrantes del máximo tribunal, seis no llegan a sostener el 30% de su nivel de gasto con recursos propios. La Rioja (solo puede sustentar el 9% de su gasto con ingresos propios), Catamarca (16%), Formosa (17%), Santiago del Estero (17%), Chaco (24%) y Tucumán (28 por ciento).
Otra forma de medir ese nivel de dependencia es a través del “ratio” entre la coparticipación y los ingresos tributarios que recauda para provincia. Los números recopilados por la consultora Econométrica muestran que al finalizar el 2021, las tres principales provincias que se recuestan en la coparticipación eran Formosa (el 93% de sus recursos está explicado en la coparticipación), La Rioja (90%) y Catamarca (89%). Las tres fueron firmantes del comunicado de Presidencia en que se anticipaba la intención de realizar un juicio político a los ministros de la Corte Suprema en el Congreso.
Entre las provincias que completan el listado de las diez que más dependen de la coparticipación federal hay otras dos: Santiago del Estero y Chaco. Como para poner en comparación, el promedio de todas las provincias es de 60 por ciento. Hay solo tres que están por debajo de esa media: Buenos Aires (50%), Neuquén (47%) y la Ciudad de Buenos Aires (12 por ciento).
“Evidentemente hay una correlación entre la dependencia y el apoyo al juicio político. Con casos particulares, donde la posición política del Gobierno altera eso. Esos son los dos ordenamientos que se ven”, mencionó a Infobae el director de Econométrica Ramiro Castiñeira.
“Argentina fue deformando un sistema para reducir inequidades entre distritos hasta transformarlo en uno que crea provincias que lo único que hacen es repartir planes sociales. Ya no dependen del trabajo que se genere sino de cuánto logre conseguir de los impuestos nacionales. Ese es el incentivo de los gobernadores”, continuó.
“Una cosa es colaborar o ayudar y otra es que el 90% de sus recursos dependen de la producción de bienes y servicios ajenos a esa provincia. Los ingresos que le entran a la Rioja, Chaco y Formosa no dependen en nada de la producción en esa provincia”, concluyó.
Para Alejandro Pegoraro, director de Politikón Chaco, una consultora que sigue cuestiones financieras subnacionales, “las provincias de menor grado de desarrollo relativo históricamente han sido las más dependientes de recursos nacionales por vía automática; y son provincias donde los fondos propios son los menores del país y tienen a su vez las economías más pequeñas de la Argentina”, apuntó.
“En estas provincias, y otras que conforman el listado de las más dependientes, una asignación de coparticipación alta trae desincentivos a desarrollar recursos propios. Además, tienen un un esquema de costos muy elevado porque el tamaño del Estado es muy alto”, aseguró Pegoraro.
El director de Politikón Chaco mencionó otro aspecto relevante que es el reparto no automático, por fuera de la coparticipación. “Muchas de esas provincias no solo tienen dependencias de recursos nacionales automáticos sino también de los no automáticos: casos como Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Chaco reciben fondos nacionales por fuera de la coparticipación en altos volúmenes y esos recursos son los que financian en gran medida la inversión pública que aplican en sus territorios”, comentó.
Un informe reciente de la consultora Aerarium le puso números a esa cuestión. “Entre enero y noviembre de 2022, se distribuyeron $21.655 millones del fondo de Aportes del Tesoro Nacional, registrándose una caída interanual del -18 por ciento. Se destacan las transferencias a las provincia de La Rioja ($3.767millones), Buenos Aires ($2.673 millones), Santiago del Estero ($1.571 millones), que junto a Chaco y Misiones se llevan casi el 50 por ciento”, explicó.
La Rioja recibió el 17,4% del total repartido a lo largo del año, seguido por Buenos Aires (12,3%), Santiago del Estero (7,3%), Chaco (6,4%), Misiones (5,7%) y Catamarca (5,5 por ciento).
“Estos fondos son girados con fines políticos a las provincias oficialistas, ya que estás poseen excedentes financieros que no justifican una asistencia de emergencia del fondo de ATN (creado para tal fin por la ley 23.548). El presupuesto de ATN asignado para 2022 fue de $33.881 millones, llevándose ejecutado el 64% del mismo. Por lo tanto, el Ministerio del Interior tiene margen para asignar fondos adicionales al presupuesto por casi $67.000 millones (el fondo esté año recaudará $100.000 millones aproximadamente)”, mencionó Aerarium.
