El lunes terminó la feria judicial. A solo tres días del fin del descanso en los tribunales, volvió a tomar impulso una de las causas por corrupción que investiga a los Kirchner de forma directa. Se trata del expediente Hotesur, que busca determinar si la empresa de la familia presidencial que lleva ese nombre fue utilizada para lavar dinero. Por orden del juez del caso, Claudio Bonadio, ayer se realizó un operativo en la Inspección General ed Justicia (IGJ), el ente que regula la actividad de las sociedades comerciales: la Justicia fue en busca de la documentación financiera que la compañía K presentó allí en las últimas semanas, supo Clarín en base a fuentes judiciales.
Se trató, en los hechos, de un allanamiento, aunque el nombre formal de las acciones instrumentadas en el organismo haya sido el de “orden de presentación”.
A través de Hotesur, los Kirchner manejan su hotel más grande, el Alto Calafate. Ese negocio fue administrado hasta el 2013 por el empresario Lázaro Báez, quien fue acusado de haber alquilado durante meses cientos de habitaciones del hotel que finalmente nadie ocupó, una maniobra que suelen realizar quienes buscan blanquear fondos ilegales.
Anoche, una versión que circuló por tribunales, indicaba que la Justicia también había allanado oficinas de Aerolíneas Argentinas. Pero los investigadores judiciales fueron muy herméticos al respecto.
Esta última empresa estatal está involucrada en la trama Hotesur porque la tripulación de sus aviones que llega cada día a El Calafate duerme en el Alto Calafate.
Además de estudiar si Hotesur se usó para lavar dinero, la Justicia quiere saber si el contrato con la aerolínea del Estado que administra la dueña del hotel patagónico -Cristina Kirchner-, se ajusta a derecho. El representante legal de la familia K en ese negocio es el hijo de la Presidenta, Máximo.
En noviembre del año pasado, el juez Bonadio ya había allanado la IGJ para recolectar los papeles de Hotesur.
Ayer el magistrado volvió a exigirle al ente que entregue documenta de la compañía.
Ocurre que, en diciembre, los Kirchner dejaron trascender que habían registrado ante ese ente los últimos balances contables su hotel que hasta ese momento habían evitado entregarle al Estado.
Esos papeles podrían ser cruciales para la investigación de Bonadio. La Justicia busca reconstruir la contabilidad de la compañía K:la oficial, y también la que podría haberse instrumentado en secreto para vehiculizar fondos originados por corrupción gubernamental.
La causa sobre la principal empresa hotelera de los Kirchner se inició cuando el programa PPT, de Jorge Lanata, y también Clarín, informaron que Hotesur se encontraba en falta porque no había presentado en la IGJ sus últimos estados contables, entre otras irregularidades. Quien se presentó ante la Justicia para pedir que se investiguen esos hechos fue la diputada Margarita Stolbizer (GEN).
El caso avanzó, y se comprobó en el expediente que, además de adeudar balances, Hotesur había registrado como sede a domicilios “fantasmas”, en donde en realidad nunca funcionó.
