La Justicia realizó una decena de allanamientos en domicilios atribuidos a presuntos testaferros del ex juez Norberto Oyarbide. Los procedimientos, que tuvieron lugar en distintas propiedades de la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, fueron ordenados en el marco de una causa en la que se investiga al ex magistrado federal por presunto enriquecimiento ilícito.
Según voceros judiciales, en los operativos -realizados en barrios porteños y las localidades bonaerenses de Lomas de Zamora y Ciudadela- se secuestraron distintos documentos, recibos y facturas. El objetivo, según le dijeron esas fuentes a la agencia oficial Télam, fue "identificar a todos los ocupantes de los inmuebles a allanar y procurar el secuestro de documentación contable vinculada a las empresas objeto de la investigación".
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sergio Torres. Y contaron con la participación de efectivos pertenecientes a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad.
Torres y el fiscal Jorge Di Lello investigan a Oyarbide por supuesto enriquecimiento ilícito en una causa donde se sospecha que actuaron como testaferros los empresarios Ariel Roperti, Claudio Blanco, Jorge Bladimisquy, Ariel Feur y Cristina Ramírez.
Se cree que los imputados tuvieron participación en tres empresas -Cuasares, Consorcio Creba y Krakenlab-, de acuerdo a una denuncia presentada por el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, tras una investigación preliminar.
Una testigo relevante en la causa es la ex esposa de Roperti, María Martha Cavallaro, quien declaró ante Di Lello que su ex marido incrementó su patrimonio de manera considerable a partir del 2010, cuando conoció al ex magistrado federal y a su pareja, Claudio Blanco, en una parrilla de Puerto Madero.
La mujer explicó que por esa época estaba casada con Roperti y apareció como integrante de varias sociedades, para lo cual ella extendió un poder a su marido y él le llevaba papeles para firmar, según dijo en la fiscalía.
Oyarbide renunció a su cargo para jubilarse el 8 de abril de 2016, luego de 21 años como juez federal. El magistrado, así, logró evitar el juicio político tras numerosos escándalos y denuncias por mal desempeño de sus funciones.
