El operativo comenzó en horas de la mañana de este martes. La causa es por posible alquiler de carnets para hacer entrar a la gente a la cancha.
A 48 horas del último partido de Boca Juniors ante Deportivo Riestra por la Liga Profesional, la Bombonera está siendo allanada en el marco de una causa por presunta falsificación de entradas. Cinco socios fueron individualizados y son investigados por el Juzgado Número 10 a cargo del fiscal Maximiliano Vence. La Gendarmería Nacional y el Ministerio Público Fiscal (MPF) se hicieron presente esta mañana en el estadio Alberto J. Armando para llevar a cabo el procedimiento.
Según pudo averiguar Infobae, esta causa es un desprendimiento de la que había iniciado la fiscal Celsa Ramírez en agosto del año pasado, cuando Gendarmería allanó la Bombonera, el Polideportivo Benito Quinquela Martín y el estadio Luis Conde (La Bombonerita) en compañía de personal de la Fiscalía de la Ciudad con el objetivo de aportar material probatorio a una investigación que estaría vinculada a una causa sobre asociación ilícita, defraudación al club y reventa de entradas durante más de seis horas.
En TyC Sports, precisaron: “Hay una causa contra cinco socios que estafaron a hinchas del interior. Fue a un micro para el partido frente a Cruzeiro (por los octavos de final de la Copa Sudamericana) y otro contra Riestra. Eran hinchas que llegaron a ver a Boca y tenían entradas truchas que les habían sido entregadas en las afueras de la Bombonera, cerca de la intersección de las calles Brandsen y Regimiento Patricios”.
Además, se añadió: “Estos hinchas que llegaron a los molinetes se encontraron con que las entradas eran truchas e hicieron la denuncia, por eso la Justicia investiga. Están recabando información de las peñas de Boca en toda la Argentina y los datos de todos los socios del interior en los años 2023 y 2024 para buscar puntos en común. A los cinco socios implicados ya se los tiene investigados de forma particular”. Uno de los puntos allanados por los efectivos en la Bombonera es el Departamento de Socios, que tiene como responsable a Emiliano Algieri (hasta el año pasado estuvo Alejandro Cosentino, hoy vocal suplente).
Vale mencionar que la investigación del año pasado había estado emparentada con los hechos sucedidos en octubre de 2022, cuando a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía de Distrito dle barrio de La Boca, del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Allí se mencionó la impresión de tickets para reventa ilegal, así como conductas delictivas vinculadas con la venta ambulante, manejos de estacionamientos clandestinos, venta de indumentaria del club por fuera del circuito oficial y posibles conexiones de algunas autoridades del club con La 12.
Y existe otro antecedente por el allanamiento que se realizó en la Bombonera en octubre d 2021, cuando el Juzgado N° 7 de Javier Alejandro Buján otorgó el pedido de la fiscalía especializada en eventos masivos de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Celsa Ramírez y las autoridades recolectaron información para determinar si el club cumplió con el aforo del 50% permitido en uno de sus partidos, tal como había sido dictado por las restricciones vinculadas a la pandemia del coronavirus.
Se conoció la sanción para los barras de Boca que se enfrentaron con la policía y hablaron con Riquelme
Una resolución del Ministerio de Seguridad de la Naciónestableció una “Restricción de Concurrencia Administrativa” a eventos deportivos para los barrabravas de Boca Juniors, Fabián Kruger y Fernando Gatica, en todo el territorio nacional.
Kruger y Gatica fueron identificados como líderes de los incidentes ocurridos en el estadio Marcelo Bielsa en Rosario, durante un encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina el miércoles pasado. En medio de los disturbios, se vio a Juan Román Riquelme, presidente de Boca, intervenir en la platea, donde el uso de gases lacrimógenos y balas de goma dificultó la situación.
Según la Resolución 1140/2024, que lleva la firma de la ministra Patricia Bullrich, esta medida se aplicará por dos años en forma preventiva, hasta tanto se gestionen las actuaciones administrativas por parte de la Policía de la Provincia de Santa Fe.
