El Referente Provincial de la Coalición Cívica ARI, José María Albizo, expresó que le daría “vergüenza” que el Gobierno de Gerardo Morales permita la instalación definitiva de Mina “Chinchillas”.
En consonancia con la perspectiva política que lleva adelante la líder de la Coalición Cívica ARI a nivel nacional, bajo el mando de la Diputada Elisa “Lilita” Carrio, Albizo inició una serie de acciones para buscar mecanismos que frenen a posterior la instalación definitiva del emprendimiento minero de Chinchillas. Respecto a ello, declaró que el día martes de la semana pasada habría presentado un pedido de informe al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Jujuy, solicitando la evaluación del estudio de impacto ambiental que debió haberse realizado para avanzar con la concreción del emprendimiento empresarial.
En acceso al escrito presentado, el ex candidato a Concejal de la CC-ARI afirma que una de las entidades que opera en el proyecto liderado por Grosso Group Management “nuclea bajo un 8% de acciones a la empresa Silver Standard, la cual esta denunciada públicamente por depredación a través de un informe realizado por investigadores Canadienses, siendo este el país del cual es originaria” Y dentro de varios ejes de preocupación hace referencia al “consumo excesivo de agua, debido a la utilización promedio de 600 a 1.000 litros de agua por segundo; contaminación, en referencia a un estudio que reveló que de 250 habitantes, el 81% llevaba valores anormales de plomo en sangre; y biocidio, a raíz de la defunción de flamencos rosados y llamas”, describiendo el pesar de habitantes de Cienego Grande, Abra Pampa y Laguna de Pozuelos, con los cuales sostuvo contacto y visitará para recorrer la zona prontamente.
Además, sostiene y pone en discusión la “responsabilidad socioambiental corporativa, y la sugestiva presunción de la generación de posibles pasivos ambientales” acotando que “una provincia que cuida su presente y piensa en su futuro, pone como prioridad la agenda ambiental y no la rentabilidad de unos pocos”. “Por lo tanto, en caso de haberse ya encontrado irregularidades, la defensa del interés general no debe ceder ante presiones sectoriales o de cash, como lo es hoy el lobby minero”, concluye Albizo.
















