La Casa Rosada analiza una cláusula contractual que preserva los derechos del Estado Nacional y al mismo tiempo intenta satisfacer ciertos reclamos jurídicos exigidos por el conglomerado farmacéutico
Alberto Fernández y Pfizer-BioNTech acortaron las distancias legales para cerrar un contrato comercial que permita la provisión urgente de 1.500.000 vacunas contra el COVID-19 entre enero y marzo.
El Presidente y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, exploraron las posibilidades jurídicas para encontrar una solución a los planteos de Pfizer y a su vez preservar los derechos propios del Estado Nacional. Ibarra propuso una nueva ley que Alberto Fernández rechazó por sus costos políticos. Y a la inversa, el mandatario sugirió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que la secretaria Legal descartó por razones normativas.
En este contexto, el camino del acuerdo comercial con Pfizer será a través de un artículo específico que explicitará los alcances jurídicos de la negligencia atribuible al conglomerado farmacéutico que ya vende vacunas en Estados Unidos, Europa y América Latina.
Alberto Fernández e Ibarra conocen muchísimo de derecho penal y de la responsabilidad jurídica del Estado, y acordaron diseñar una norma que proteja al país de la eventual negligencia de Pfizer y que a su vez reconozca los derechos propios de la compañía que opera desde hace décadas a nivel global.
“Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro qué pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el COVID-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”, explicó el Presidente en Olivos cuando le preguntaron sobre las diferencias con Pfizer.
Vilma Ibarra terminó su debate jurídico con Alberto Fernández y convocó a los representantes de Pfizer en la Argentina. El cónclave ocurrió ayer en la Casa Rosada, duró una hora y Ginés González García envió a su abogado de confianza en el Ministerio de Salud. Ginés González estaba en su despacho analizando la posibilidad de cerrar las fronteras con los países limítrofes, y por eso no concurrió a la reunión liderada por Ibarra.
La clave de la encrucijada jurídica está en el artículo 4 de la Ley de Vacunas que el Congreso sancionó a instancias del Poder Ejecutivo. Ese artículo establece que Pfizer no será responsable por sus dosis en la Argentina ”con excepción de aquellas (acciones) originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.
Esta norma fue impuesta por la diputada opositora Graciela Camaño y en la Casa Rosada están de acuerdo con su hermenéutica y espíritu doctrinario. Sin embargo, Alberto Fernández intenta demostrar que hay buena fe en la negociación y le pidió a la secretaria Ibarra que encuentre un punto de contacto jurídico entre los intereses nacionales y las pretensiones de Pfizer.
“Malinterpretan nuestras intenciones. Yo quiero todas las vacunas del mundo. Quiero las vacunas de Pfizer, de China, de Rusia y de AstraZeneca. Las quiero todas. Pero no voy a firmar un contrato de impunidad. Quiero que cada uno sea responsable por su parte”, opinó el Presidente.
Cuando terminó su encuentro con las autoridades de Pfizer, Ibarra chateó con el Presidente para contar los avances de la negociación. Ya no habrá ley, ni DNU. Sería un contrato que firmaría Ginés González García como ministro de Salud. Todo puede ocurrir antes de fin de año. Y si así sucediera, Pfizer podría entregar 1.500.000 de vacunas entre enero y marzo de 2021.
En este escenario de negociación, Pfizer desembarcaría su cargamento en Ezeiza a través de DHL. Ya no habrá participación de Aerolíneas Argentinas, y el costo de la vacuna -dos dosis- será de 20 dólares.
El nudo jurídico comenzó a desatarse y hay voluntad política y comercial en ambas partes. Anoche Alberto Fernández y Vilma Ibarra eran optimistas. Igual que en Pfizer, aunque por otras razones: no tenían intenciones de perder el mercado argentino.
