El Presidente ratificó que al referirse a la situación judicial de Cristina Kirchner lo hizo avalado por el derecho a la libertad de expresión. Además, enumeró comportamientos similares de Mauricio Macri que no fueron cuestionado por el jefe de los fiscales.
El presidente Alberto Fernández respondió hoy a la carta que le había enviado el procurador interino Eduardo Casal en la cual planteaba que sus dichos sobre los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron “una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”.
“Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso”, argumentó el Presidente en su defensa.
Por otro lado, insistió en que tanto el Poder Judicial como sus jueces y funcionarios “no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática”.
Tal como han planteado ya varios referentes del kirchnerismo, Alberto Fernández también trazó un paralelismo entre la situación procesal de Cristina Kirchner y la del ex presidente de Brasil Lula da Silva, quien fue “condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones”.
“Tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad que Lula no fuera candidato”, continuó y dijo que “resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas en tiempo y en forma pública”.
Luego, el Presidente cuestionó la “doble vara para medir hechos institucionales” del procurador Casal. A modo de ejemplo recordó que el ex presidente Mauricio Macri recibió el policía imputado Luis Chocobar en pleno proceso penal sin que Casal “expresara preocupación”.
En el mismo sentido, recordó que el Procurador tampoco llamó a Macri cuando “instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla” y criticaba públicamente su falta de ecuanimidad.
“En este caso no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal”, agregó.
Con cierto dejo irónico, Alberto Fernández señaló que el celo que muestra el Procurador “hubiera sido importante que se plasmara también en investigar” las visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial a la quinta de Olivos y en el rol que tuvo “el prófugo Pepín Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada “Mesa Judicial” del gobierno de Macri.
Según Fernández, esta “sistemática asimetría en las posturas adoptadas por algunos importantes magistrados” vuelve “aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia”.
“La democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia. Nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad”, finalizó el Presidente.
La carta del procurador Casal había sido enviada a la Presidencia en respuesta a las declaraciones que Fernández había hecho durante una entrevista. En el programa ‘A Dos Voces”, el Presidente se refirió a la seguridad del fiscal Luciani y lo comparó con el caso de Alberto Nisman. “Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, dijo Alberto Fernández. La frase generó un impacto político inmediato, que incluyó un comunicado de la Asociación de Fiscales, una denuncia de la Coalición Cívica, y una respuesta de otros referentes de la oposición como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.
“Esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar (art. 120 de la Constitución Nacional), y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”, decía la carta.
