El exmandatario, que cumple una pena de 12 años de prisión en Curitiba por corrupción y lavado de dinero en otro caso vinculado a la Lava Jato, había sido acusado en 2016 de intentar comprar el silencio del exdirector del área internacional de Petrobras Néstor Cerveró, quien negoció un acuerdo de colaboración premiada con la Justicia. Otros procesados en la misma causa como supuestos partícipes de la tentativa por frenar las investigaciones eran el exsenador Delcidio do Amaral, del Partido de los Trabajadores (PT), el banquero André Esteves (BTG Pactual) y el empresario ganadero José Carlos Bumlai, amigo de Lula; todos fueron inocentados por el juez Ricardo Leite.
Al referirse a Lula, el magistrado del Distrito Federal apuntó que " hay deficiencia probatoria para sustentar cualquier juicio penal reprobable". Y apuntó que el acuerdo de delación de Cerveró y luego el de Amaral que sirvieron como base para las acusaciones "no poseen credibilidad suficiente para ningún juicio condenatorio".
El fallo a favor de Lula en este caso ya era en cierta forma esperado porque el año pasado el Ministerio Público Federal en Brasilia había recomendado la absolución del expresidente. De todas maneras, además de la condena en segunda instancia por haber recibido un departamento tríplex de la constructora OAS a cambio de garantizarle a la empresa contratos con Petrobras, Lula está también procesado en otras siete causas por crímenes que incluyen corrupción activa y pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y nuevamente por obstrucción a la Justicia en el caso de su frustrado nombramiento como jefe de gabinete de Dilma Rousseff en agosto de 2016, un cargo que lo habría blindado de los posteriores procesamientos.
La decisión del juez federal Leite llega luego de varios días de derrotas judiciales para Lula. En una polémica maniobra orquestada por diputados del PT, el domingo último un juez de guardia del Tribunal Regional Federal de la 4ª región (TRF-4), en Porto Alegre, que tiene un largo historial de militancia dentro del partido, sorprendió al país al aceptar un recurso de habeas corpus presentado a última hora del viernes anterior por los legisladores petistas. Tras varias marchas y contramarchas que incluyeron al juez federal Sergio Moro -quien condenó en primera instancia a Lula- y otros magistrados del TRF-4, intervino el presidente de aquella corte de apelaciones para frenar la liberación del exmandatario.
A lo largo de esta semana, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) negó otros 150 pedidos de habeas corpus a favor de Lula interpuestos por militantes petistas que reclaman que como el expresidente está al frente de las encuestas para las elecciones de octubre, debería permitírsele participar de la campaña mientras apela su condena ante las instancias superiores. En realidad, la legislación electoral brasileña (Ley de Ficha Limpia) no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado sea candidato a un cargo electivo. Aún así, el PT está empecinado en que registrará la candidatura de Lula en agosto ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
En tanto, anteayer, la jueza de Curitiba Carolina Moura Lebbos rechazó una solicitud hecha por la defensa de Lula para que el expresidente pueda dar entrevistas periodísticas, grabar mensajes proselitistas y participar en actos de campaña por medio de videoconferencias desde su celda en la Superintendencia de la Policía Federal. Según la magistrada, la situación de Lula lo encuadra como "inelegible" para los comicios de octubre.
Lula confirmó su candidatura
Por la tarde, la cuenta oficial de Twitter del expresidente confirmó que el exmandatario se presentará como candidato en las próximas elecciones
