Pese a que surgieron leyes, cambios culturales y sociales, más difusión y concientización, entre otros, todavía la tasa de femicidios en Argentina es muy alta.
El movimiento Ni Una Menos surgió el 3 de junio del año 2015 en Argentina tras un caso que conmocionó al país: el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que estaba embarazada y fue asesinada por su novio, en Rufino, provincia de Santa Fe.
El hecho ocurrió el 10 de mayo y hasta el 3 de junio de 2015, mujeres autoconvocadas a través de las redes sociales, se organizaron para marchar al Congreso de la Nación para pedir justicia por Chiara y las tantas víctimas de la violencia machista. Esa fue la gota que derramó el vaso.
En aquella primera manifestación asistieron 200 mil personas, y se replicó en 80 ciudades argentinas. A partir de ahí, Ni Una Menos tuvo réplica en otros países de Latinoamérica, despertó una conciencia continental sobre la violencia contra las mujeres y pese a leyes u otros cambios que fueron apareciendo a nivel social y cultural, la tasa de femicidios y violencia de género sigue siendo alarmante en cada rincón del país.
El 3 de junio de 2015 nace Ni una menos como una expresión masiva motivada por la impotencia ante el terrorífico femicidio de Chiara Páez en Santa Fe en manos de quien fuera su novio, Manuel Mansilla. Como consecuencia del brutal crimen, miles de mujeres se movilizaron en todo el país para poner en discusión la violencia machista y para pedir, como cada año desde aquel entonces, medidas para ponerle fin a las expresiones de odio por motivos de género.
Ni Una Menos fue la consigna que logró convocar y sintetizar una impotencia que se expandió en todo el continente, porque no se trata solamente de la Argentina sino de decenas y decenas de países en los que las mujeres están expuestas a la misoginia en cualquiera de sus dimensiones.
Según un relevamiento realizado a través de diversas fuentes, detallaron que Jujuy registró desde el 2015 hasta el 2022, 56 femicidios.
MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), es un reconocido grupo que lucha contra la violencia hacia la mujer en todos sus ámbitos y en 2021 armó un informe sobre los femicidios ocurridos en la provincia.
En el mismo, informó que desde 2015 hasta septiembre de 2021, la provincia había registrado 48 femicidios, de los cuales 45 fueron femicidios directos y 3 fueron vinculados mujer o niña. Producto de estos asesinatos; 44 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin sus madres.
Las familias que transitan por la pérdida de una mujer en manos de un femicida cargan no solo con el dolor y la ausencia perpetua, sino con la difícil tarea de conseguir justicia y en la mayoría de los casos sin patrocinio porque no podemos pagar los honorarios de un abogado penalista y conseguir uno gratuito, mas allá que la ley 26.485 lo dictamina así, es una tarea titánica casi imposible.
A esto le sumamos los casos de "suicidios" que se caratulan como averiguación de causal de muerte y terminan cerrando las causas con esa carátula sin escuchar a la familia de la víctima y su entorno que cuentan una historia de padecimientos violentos, de irregularidades a la hora de ser notificados, pérdida de pruebas, limpieza de la escena del crimen etc...que pareciera que no son de importancia al momento de realizar la investigación por parte de las fiscalías; sin tener en cuenta además los casos en que el presunto femicida es el hijo/conocido de alguna persona con cierto poder. Necesitamos más "visión de género" en los funcionarios del poder judicial para que puedan encarar las investigaciones como corresponde en el caso de femicidios (fiscalías especializadas).
Seguimos reclamando por el cambio en la reglamentación de la Ley 27.452 o "Ley Brisa", que consiste en la reparación económica para los huérfanos de violencia intrafamiliar hasta los 21 años o de por vida si tienen alguna discapacidad. Esta ley fue reglamentada en julio del 2018, e incluye no solo un beneficio económico que hoy reciben aproximadamente solo un 7% de los huérfanos sino la asistencia médica a los mismos. La que reciben es la que se le da a cualquier ciudadano en un hospital y la asistencia psicológica es casi nula.
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El contenido de la ley, además presenta contradicciones en su letra que hacen que se dilaten los tiempos para que se implemente en cada caso y en algunas situaciones hasta se les niega el derecho (casos en los que no hay imputado, casos en los que se deja afuera a los niños que no son hijos biológicos del femicida, contradicciones en la documentación judicial que se solicita). Y un capítulo aparte merecen los trámites previos como guardas y tutelas que deben ser agilizados para que las familias reciban la ayuda con rapidez.
