Luego de que madres de niños con discapacidad y referentes de organizaciones no gubernamentales que trabajan con personas con discapacidad se hicieron presentes en la comisión de salud de la legislatura para exponer la dura realidad que deben vivir en relación a la falta de cumplimiento de la obra social provincial de prestaciones médicas.
Las instituciones que trabajan en el tema afirmaron que tienen una gran cantidad de denuncias con incumplimietos del ISJ que van desde la denegatoria a la cobertura por dictámenes de “auditores” (que no llegaron por concurso a sus cargos ni se especializan en discapacidad), a cobro de coseguros que deberían estar prohibidos en estos pacientes. Asimismo expresaron que hay un evidente maltrato, discriminación y política expulsiva de las personas con discapacidad que acuden a solicitar algo que es un derecho y obligación por parte del estado y no una caridad de estos administradores eventuales.
Carlos Ibarra, Presidente del Instituto de Seguros de Jujuy asegura que se da cobertura absoluta basados en la ley provincial 4398. Esta ley enuncia en su artículo 14 que es el estado el garante de que directa o indirectamente se brinden los medios para la rehabiltación de los discapacitados y en su artículo 15 indica que los pacientes carentes de recursos serán afiliados al ISJa cargo del presupuesto provincial. Es decir que es el ISJ quién “administra” fondos que el estado provincial otorga para dicho fin y que son votados anualmente en el presupuesto provincial.
















