Finalmente el Gobierno presentó su vindicación ante la justicia que actuó, como en pocos casos, con una celeridad inaudita.
De esta manera ,el Gobierno eligió el camino de judicializar, una vez más, la protesta social persiguiendo a los principales dirigentes intentando amedrentarlos ante un estrado judicial.
En esta instancia, los dirigentes gremiales citados por la Justicia deberán ratificar o rectificar los dichos que motivaron al gobierno a recurrir a esta acción.
El gobierno, en todo su derecho y deber, recurrió al resorte constitucional establecido por el artículo 62 inciso 2, solicitando una vindicación ante la Justicia ante los dichos de los dirigentes gremiales quienes acusaron al gobierno de mal utilizar los fondos públicos en beneficio propio y en desmedro de la sociedad.
Es un derecho y un deber de los funcionarios vindicarse cuando son acusados por la comisión de un delito mientras están cumpliendo funciones. Sin embargo, mucho mejor que una vindicación ante la justicia sería una transparentación ante una sociedad que desconoce cómo se manejan los fondos públicos; la gente no le cree al gobierno cuando dice que "no hay plata".
Recientemente, a principios de mes, la provincia recibió la friolera de más de $300 millones de pesos. Nadie sabe en qué o cómo se gasta ése dinero que proviene del aporte de todos los contribuyentes del país.
Es correctísimo que el Gobierno busque limpiar su buen nombre, exigiendo que quienes hicieron una acusación presenten prueba de lo que dicen. Los fueros gremiales no deberían ser una carta blanca para injuriar o calumniar gratuitamente.
Pero lo cierto es que el Gobierno hace tiempo que no presenta rendiciones de cuentas periódicamente, como también lo establece la Constitución.
En un sistema republicano y democrático el gobierno debe publicitar sus actos. Dar a conocer la forma en que se administran los fondos públicos, cómo y en qué se gasta o invierte, es parte del deber de dar publicidad a los actos de gobierno.
Pero el gobierno de Jujuy no cumple con esto en forma total. Solo da a conocer actos intrascendentes en los que participa el gobernador o algunos de sus funcionarios. Eso no le interesa a nadie. Lo que la gente quiere es saber qué se hace con el dinero de sus impuestos.
A la gente le gustaría creerle a este Gobierno cuando dice "no hay plata"... pero es algo dificil de hacer cuando uno se entera de que recientemente entraron a las arcas provinciales más de $300 millones de pesos en concepto de coparticipación, que es dinero que se recuada gracias a los impuestos que pagamos todos.
Entonces la gente descree y sospecha de los gobernantes y, para peor, el Gobierno lleva esto a la Justicia. Reitero, el Gobierno está en su derecho y tiene la obligación de hacerlo. Pero la Justicia tampoco goza del crédito de la sociedad.
La gente sabe que, con el sistema de designación medieval, los jueces y funcionarios del Poder judicial son funcionales a los intereses del gobierno, son como siervos del poder porque fueron nombrados a dedo y por nepotismo, en una repartija entre los partidos políticos con más representación.
¿Qué justicia se puede esperar de quien está en su cargo por vínculos sangíneos o de amistad en lugar del mérito de haber sido el primero en un concurso de oposición y puntaje? ¿Se puede esperar imparcialidad de jueces y funcionarios que están donde están por nominación de los partidos políticos?
Con estos interrogantes, seguramente, deberán presentarse ante la justicia los principales dirigentes gremiales. Ya fueron citados, según pudo conocer NOTINOR.COM.
El titular de APAUAP, Victor Aramayo concurrió a la sede judicial citado por la justicia para hacer declaración testimonial. allí se le hizo conocer la causa de la citación, pero el gremialista se negó a hacer declaración alguna hasta tanto estén presenten los otros citados, Freddy Berdeja y Fernando Acosta. Por esa razón, se trasladó la fecha de declaración testimonial al día 23 de diciembre.
Es curioso que, la gran mayoría de los mortales, cuando recurrimos a la Justicia, debemos aternernos a plazos y tiempos que se hacen interminables, mientras que a una presentación del gobierno se le da tratamiento express. Bueno sería que la Justicia actúe de ésa manera en todos los casos que tiene bajo su revisión. De esa manera se revertiría algo del descrédito que padece.
