Los Concejales de la Unión Cívica Radical, Pinto y Núñez denunciaron que, con el objetivo de desestimar este pedido de juicio político y desviar la atención, la Concejal Sosa realizó un pedido de juicio político al actual Intendente y al Secretario de Hacienda. El trámite, tuvo un tratamiento irregular, puesto que fue ingresado en la sesión, en lugar de seguir el trámite correspondiente; lo cual para la Concejal da cuenta de que la acusación carece de fundamentación y debía ser votada rápidamente.
Los Concejales radicales habían adelantado que podía ocurrir esto, dado el quórum propio que posee en el recinto la sociedad entre los Concejales Cheín y Cardozo. Por esta razón presentarán en los próximos días las medidas probatorias obtenidas hasta el momento en la justicia ordinaria y en la Oficina Anticorrupción.
La Concejal Pinto detalló que un familiar de Cheín figura como socio de la empresa Conmise S.R.L; y que antes y durante el ejercicio de sus funciones como Concejal e Intendente interino, la empresa prestó servicios a la intendencia y al Gobierno provincial, lo cual constituiría una incompatibilidad con el ejercicio de sus funciones y está expresamente prohibido por el código de ética y otras leyes que fueron enumeradas en el pedido de juicio político.
