El fiscal Diego Cussel y el juez Pablo Martín Pullen Llermanos fueron denunciados penalmente por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada en el marco de la detención judicial a la que está sujeta Milagro Sala. La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal Nro. 2, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Tanto el fiscal como el juez que dictaron una nueva orden de detención contra la diputada del Parlasur, ilegalmente privada de su libertad desde el 16 de enero según interpretan los abogados denunciantes, por la presunta violación de la ley 27120, la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal de la provincia de Jujuy que establecen la inmunidad de arresto para los Parlamentarios del Mercosur, a pesar de que existe un fallo de la Jueza Servini de Cubría que sirve como precedente en cuanto a los fueros de los parlamentarios del MERCOSUR.
Según se denunció, "la nueva detención ordenada el 26 de febrero pasado, resulta violatoria a los privilegios funcionales establecidos supralegalmente –ley No. 27.210- y convencionalmente -por contradecir por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR y el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el Funcionamiento del Parlamento del MERCOSUR-, por lo que deviene ilegal, ilegítima e inconstitucional - artículos 27, 31, 75 incisos 22 y 24 de la Constitución Nacional-; impidiendo el libre ejercicio de su función de parlamentaria del MERCOSUR, con las eventuales responsabilidades que ello pudiera implicar para el Estado argentino".
Los hechos denunciados pueden ser subsumidos en la categoría de graves violaciones a los derechos humanos y, particularmente, en el ejercicio de la violencia institucional, entendiendo por ella a todo acto, por acción u omisión, ejercido por funcionarios públicos que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas.
Esta nueva denuncia se suma a la ya formulada por los diputados del Parlasur Julia Perié, Mario Metaza, Teresa Sellares, Ana María Corradi, Claudia Fernanda Gil Lozano y Eduardo Valdes, contra los jueces Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau y la fiscal Liliana Fernández de Montiel, por presunta violación de la Constitución Nacional, los tratados internacionales adoptados por la República Argentina, el Código Procesal Penal y el Código Penal al privar de la libertad ambulatoria a Milagro Sala que, según interpretan goza de fueros parlamentarios por haber sido electa el 25 de octubre como diputada del Parlasur, y estaría privada "ilegitimamente" de su libertad.
















