El Gobierno declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año. Según informaron fuentes oficiales, el objetivo es "revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".
El texto del decreto sostiene, entre otras cosas, "que la problemática del narcotráfico no sólo afecta a la salud y la seguridad ciudadana, sino que importa una violación a la soberanía nacional en tanto se trata de un crimen cuya naturaleza es claramente transnacional". Ante "tales circunstancias", el Gobierno consideró que la situación amerita "adoptar las medidas que permitan extremar el uso de los recursos del Estado".
Entre otras medidas, el decreto firmado prevé la implementación de "un fuerte control del espacio aéreo", que estará a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte.
También autoriza, sin pasar por el Congreso, la "adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional".
La declaración de emergencia ya había sido anticipada en diciembre, durante el encuentro del Consejo de Seguridad Interior. En ese contexto, representantes de las carteras de Seguridad de todas las provincias consideraron necesario que se disponga esa medida.
El decreto tiene una vigencia de 365 días, pero puede se prorrogado al finalizar ese plazo.
Algunas de las medidas que establece el decreto son:
Reforzar el control del espacio aéreo
El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA. Estas reglas podrán utilizarse en todo "el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina". Las medidas comprendidas están "orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino".
En ese sentido, define como vector hostil a todo "medio/s aéreo/s, tripulado/s o no tripulado/s que por sus características, en el marco de la situación y exigencias de la misión, implica/n una probabilidad de daño o peligro a los intereses vitales de la Nación".
Las Reglas establecen que "una vez realizado el procedimiento de identificación y establecida la comunicación", se autoriza a emitir una advertencia a la aeronave interceptada para que abandone el sector de defensa aeroespacial del terriotrio de la República Argentina, que adopte actitud que se ordene o directamente a compeler al aterrizaje.
Por otra parte, las Reglas sostienen que "está autorizado el uso de la fuerza por medios del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles".
Convocar a personal retirado
El decreto autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria. "En ningún caso podrá reintegrarse al servicio personal retirado que haya sido condenado en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, que se encuentre procesado penalmente, o que haya pasado a retiro obligatorio por razones disciplinarias", aclara el texto.
Reemplazar el Operativo Escudo Norte
El decreto crea el "Operativo Fronteras", que reemplaza al "Escudo Norte" con carácter permanente, y dota de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, entre otros elementos, una radarización para el "eficiente control" fronterizo. En ese sentido, el decreto señala que el "Operativo Escudo Norte ha dado a la fecha los resultados esperados".
Además, dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial "que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014".
Radarización
El decreto determina que el Ministerio de Defensa "dispondrá las medidas necesarias a fin de garantizar que la radarización de la Frontera Norte permita un eficiente control y una efectiva disponibilidad de información en relación a la ocupación y transito diario que se despliegue dentro del espacio aéreo soberano".
Relevamiento de Estadísticias
En el marco de la emergencia, determinan una actuación conjunta de las jurisdicciones locales y federal. Entre otras cosas, se establece que las provincias y la ciudad de Buenos Aires "enviarán sus respectivas estadísticas criminales actualizadas al Ministerio de Seguridad, mientras que aquella información relativa a denuncias, investigaciones y hechos flagrantes vinculados al tráfico de estupefacientes" deberán ser enviadas al Registro Único de Análisis de Narcotráfico (RUAN), creado por el ex Ministerio del Interior.
Otras medidas
Crea el Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá como tarea coordinar las atribuciones de cada cartera respecto de los aspectos concurrentes a la emergencia, "en orden a lograr la ejecución de las políticas de Estado en materia de seguridad y lucha contra el delito, crimen organizado, corrupción, trata de personas y narcotráfico".
El Ministerio de Seguridad propone al Poder Judicial celebrar un convenio "con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y además tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras".
En tanto, el Gobierno deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos.
Autoriza la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.
Se ordena a los Ministerios de Seguridad y de Justicia que actualicen las bases informáticas de las víctimas del delito de trata y desaparición de personas.
Se ordena al Ministerio de Transporte que disponga las medidas necesarias "para garantizar la efectiva identificación de los equipajes y/o bultos en todo tipo de transporte comercial y la identificación de su propietario, poseedor, tenedor o despachante".
Determinar la colaboración de la Aduana: "Cuando el objeto de la compra y/o la contratación trate respecto de elementos, objetos, software de fabricación o desarrollo extranjero y/o cualquier otro elemento comprado en el marco de la presente declaración de emergencia de seguridad pública, la autoridad competente dispondrá las medidas administrativas necesarias para que en el marco de las leyes y reglamentaciones vigentes dichos objetos ingresen al país en el más breve plazo que resulte posible para su inmediata".
Presupuesto: el decreto sostiene que el Jefe de Gabinete de Ministros "dispondrá la modificación de las partidas presupuestarias necesarias de la Ley N° 27.198 y sus modificaciones para hacer frente a la presente declaración de emergencia de seguridad pública y a las mayores erogaciones que exija para los Ministerios de Seguridad y Defensa.
