El ministro de Gobierno y Justicia, Agustín Perassi, sostuvo hoy que las pocas organizaciones que quedan acampando en la plaza Belgrano usaron a las personas diciéndoles que van a perder el trabajo “para no perder ellos el poder”. Sin embargo, hasta ahora, nadie ha perdido nada, sino al contrario: se incrementaron los derechos y beneficios sociales.
Perassi ratificó que desde Fiscalía de Estado ya se suspendieron las personerías jurídicas de las organizaciones que acampan en adyacencias a Casa de Gobierno, a partir del decreto emanado del Poder Ejecutivo que sería ratificado la próxima semana por la Legislatura provincial.
“Indudablemente, hay una cuestión de querer mantener un poder y se usa a la gente diciéndole que van a perder el trabajo para no perder el poder ellos”, explicó el Ministro, quien justificó las sanciones “en función de las acciones que llevan a cabo. Estamos hablando de delitos y la Justicia ya está actuando en ello”.
“Lamentablemente, a mucha gente se la utiliza con esto de perder el trabajo. Pero hasta ahora nadie ha perdido nada, porque todo el mundo ha seguido cobrando, el que necesitaba un bolsón alimentario lo pudo recibir, los planes se han pagado, las cooperativas que se han ido empadronando siguen en vigencia, siguen cobrando lo que debían cobrar y es más: se les va a garantizar más trabajo hacia adelante. O sea que no hay un motivo real, salvo una puja de alguien (Milagro Sala) que ha llegado prácticamente a gobernar la provincia por encima del gobernador Fellner y hoy está perdiendo ese lugar, y no quiere resignarlo”, analizó.
“La notificación está hecha. Toda la sociedad lo sabe. Se anunció que esto se iba a hacer y hoy se está concretando”, manifestó.
Al ser suspendidas las personerías jurídicas, continuó, las organizaciones que acampan “no tienen posibilidad de trabajar con el Estado ni con el sistema bancario, porque esto se comunica al Banco Central y también se comunica a los bancos locales. El Central las inhibe de operar en el sistema bancario y en el Estado. Cuando uno va a pedir un trabajo de construcción, una obra o firmar un convenio, se le pregunta si tiene personería jurídica y si no la tiene no puede firmar ningún convenio”.
Vale indicar que de las 4000 personas que iniciaron el acampe, actualmente quedan entre 150 y 300 personas. Y de las más de 100 organizaciones y cooperativas que comenzaron la medida de fuerza, hoy permanecen solamente 16 en la plaza. El grueso de los acampantes se retiró cuando el gobierno lanzó el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales. Todos los que abandonaron la ocupación del espacio público, ya están regularizados o en proceso de estarlo. "La mayoría optó por la decisión regularizarse e institucionalizarse", destacó el Ministro.
“Ahora, todo están en manos de la Justicia. Hubo intimaciones, relevamientos de los niños por orden de los jueces de menores y también por la actuación del Fiscal y del Juez de Turno. Con respecto a la cuestión sanitaria, se hace muy difícil actuar, porque en este conflicto no es fácil para el Estado enviar a su personal a hacer un relevamiento o controles”, expresó finalmente Perassi.
LAS SANCIONES
El Fiscal de Estado, Mariano Miranda, anunció hoy que el Gobierno provincial ha iniciado el procedimiento de pérdida de personería jurídica a las organizaciones sociales que mantienen el acampe en Plaza Belgrano. También serán pasibles a la aplicación de multas, las que oscilan entre cinco y cien mil pesos.
Como se recordará, el Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto a su Gabinete, dio a conocer el dictado del decreto 403 mediante el cual se dispuso el cese de beneficios para todas aquellas organizaciones sociales que continúen en el acampe de la plaza Belgrano hasta las cero horas del 14 de enero, es decir que continúen con la comisión del hecho delictivo denunciado y por el cual ya ha sido imputada Milagro Sala.
El Fiscal adelantó que hoy se inició el procedimiento de pérdida de personería jurídica a las organizaciones sociales que se mantiene en plaza Belgrano con la comunicación a todos los organismos del Estado y privados a los efectos de que no sigan percibiendo ningún tipo de beneficios. “Por consiguiente, se va a comunicar a la AFIP, se va comunicara al Banco Central y a todo organismo estatal y privado” mediante el cual se canalizan dichos beneficios, apuntó el funcionario.
Asimismo, el propio decreto autoriza a Fiscalía de estado a aplicar las multas por incumplimiento del objeto social de aquellas organizaciones Dichas multas oscilan entre los cinco y cien mil pesos y en este momento se están evaluando y analizando la graduación de las mismas únicamente para aquellas organizaciones que continúan en el acampe.
Las pérdidas de los beneficios no solo es para las organizaciones sociales, sino que se extiende a los miembros de las comisiones directivas y a los integrantes de dichas asociaciones.
Aseguró que son 16 las organizaciones de las cuales algunas tienen personería jurídica y otras las tienen en trámites. Con respecto a las que tienen la personería en trámite, se procederá a la denegatoria del trámite y los que tienen personería jurídica definitiva se procede a la suspensión preventiva y al inicio judicial para el retiro definitivo de la personería jurídica y aplicación de las multas, explicó Miranda.
Adelantó que, entre otras, las agrupaciones a las que se les va aplicar las sanciones dispuestas son Agrupación Social Tupac Amaru, cuya referente es Milagro Sala; TeKuré, cuyo referentes es Alberto “Beto” Cardozo; ATS (Agrupacion de Trabajadores Sociales) referente Mabel Balconte; ASEP (Asociación Sindical de Empledos Públicos) que tiene como referente a Manuel Velásquez, La Organización Social “Libertad” de María Graciela López, sobre un total de 16 que aún permanecen allí.
El doctor Mariano Miranda agregó: “Somos optimistas. La promoción de la acción penal y la imputación en contra de personas determinadas es un paso importantísimo que hemos dado”.
Actualmente -enfatizó- sólo existen dieciséis organizaciones en el acampe. “Los cooperativistas se dieron cuenta que no necesitan intermediaros para su beneficio. De hecho, se empadronaron 552 cooperativas y esto es un dato significativo a tener en cuenta”, concluyó el Fiscal de Estado.
















