Se nos va el año con la particularidad de que hace apenas 12 días comenzó a escribirse una nueva página en la historia de nuestro país tras la asunción del nuevo presidente que fue consagrado en las urnas el pasado 22 de noviembre.
En solo 10 días, el nuevo gobierno tomó una serie de medidas que están dando cumplimiento al slogan de campaña, "cambiemos". Y Argentina empezó a transitar por el camino del cambio hacia la normalización institucional y económica.
Quizás, de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobierno, las más importantes hasta el momento fueron la eliminación de las retenciones para cierto tipo de cultivos y la flexibilización de dicho régimen en otros, y la salida del cepo cambiario, que fueron tomadas la semana pasada, cumpliendo parcialmente con lo propuesto durante la campaña.
Sorpresivamente para muchos al cabo de dos días de libertad cambiaria -fin del cepo-, el dólar cerró a un precio menor que el que tenía el paralelo, el dólar tarjeta y el "contado con liqui" en tiempos de Cristina Kirchner.
Contrariamente a lo que vinieron advirtiendo los economistas de la ahora oposición, el Banco Central no sólo no había gastado ni un dólar, sino que habían ingresado a sus reservas US$ 250 millones.
Mauricio Macri no solo cumplió con una promesa, sino que además ha demostrado tener la intuición de jefe político, y Alfonso Prat Gay fue uno de los pocos que se mantuvo fiel a ésa intuición pese a las advertencias no solo de los economistas de la nueva oposición sino hasta de los propios que consideraban riesgosa la salida del cepo cambiario y hasta auguraban catástrofes apocalípticas para la economía.
Mientras el dólar se va acomodando a los mandatos del mercado, queda el gran desafío de la inflación. Para esto será fundamental determinar el objetivo inflación 2016 y reemplazar de a poco los controles de precios.
Una de las características de éste gobierno, es el pragmatismo. Si bien el equipo económico está convencido de que la economía debe funcionar en un marco de libertad de mercado, no se quemarán en los principios y mantendrán mientras sirva aquello que sirva.
Un cálculo del Estudio Bein asegura que los subsidios representan el 80% del déficit fiscal primario y una parte considerable se indexa al tipo de cambio oficial. Tras de la devaluación, las correcciones requeridas podrían ser mayores.
En el equipo económico reconocen que el aspecto más difícil de estos acuerdos será lograr un cambio en la política salarial: que los sueldos sean ajustados según la inflación esperada y no por la inflación pasada. Y definir si los acuerdos son con topes prefijados o indexados por la inflación del nuevo INDEC. El acuerdo sería llamado a mediados de enero. Para entonces, Jorge Todesca adelantó que habrá un índice de precios “creíble”.
El éxito para bajar la inflación dependerá de achicar el déficit fiscal más que del acuerdo de precios y salarios. Tienen que cortar el financiamiento del BCRA al Tesoro, opinan los especialistas. Una prioridad que comparte el primer lugar con el orden en el espacio público es el problema de la inflación. Macri acepta que la readecuación del dólar podría justificar aumentos de precios de no más del 11% en algunos casos, no en todos. Con los empresarios será tan inflexible como con los piqueteros. Habrá una primera advertencia de abrir importaciones. La segunda vez no habrá advertencia: las importaciones estarán en las narices de los empresarios.
El levantamiento del cepo es una devaluación y, como en las devaluaciones siempre hay ganadores y perdedores, será tarea del Gobierno lograr que las cargas sean repartidas del modo más equitativo posible. Sin que impere la ley de la selva, tal cual ha prometido Prat-Gay.
Porque además del cepo ahí también existe una pieza central del proceso de normalización de la economía.
Otro de los grandes desafíos que enfrentará próximamente el Gobierno de Mauricio Macri será el de la solución al conflicto social que convierte nuestras vidas, desde hace 14 años, en un infierno toda vez que salimos a las calles: corte de calles céntricas, tomas de edificios, acampes y piquetes en las rutas.
Patricia Bullrich tiene un plazo para elaborar un protocolo contra piquetes y cortes: el 29 de diciembre. La orden del Presidente es clara: primero deberá negociarse y, si las conversaciones fracasan, la Justicia y las fuerzas de seguridad deberán actuar en el acto. Una de las cosas que Macri más valora es haberles devuelto la libertad plena a los argentinos; ahora quiere restituirles la tranquilidad.
Quizás el primer traspié de estos primeros días, y uno muy serio por cierto, fue el de la decisión de nombrar jueces de la Corte en comisión.
El presidente Macri ha nombrado a dos ilustres juristas como ministros de la Corte Suprema; lo ha hecho invocando el art. 99, inc. 19, de la Constitución, que le confiere las atribuciones de cubrir las vacantes de los "empleos" que requieran el acuerdo del Senado y ocurran "durante su receso", por medio de "nombramientos en comisión".
Es improbable que tales nombramientos sean eventualmente declarados inconstitucionales, pues encuentran cobijo en la letra de un inciso y cuentan con sólidos precedentes; sin embargo, yendo más allá, el decreto no superaría aquí y ahora un control constitucional de razonabilidad, pues las falencias sobre la finalidad y el espíritu de la norma constitucional, así como sobre los requisitos de necesidad, proporción y armonía con los otros poderes y con las exigencias de los derechos individuales que debería cumplir la medida presidencial, implicarían un desborde del ámbito de funcionamiento apropiado de las potestades ejecutivas.
Fuera ya del Derecho, en el terreno político esta decisión puede significar el construir "poder", pero a la vez implicar una pérdida de "autoridad", hipotecando parte de la legitimidad social obtenida por el nuevo gobierno al invitar al diálogo y al debate.
Mauricio Macri solicitó que haya diálogo, debate, e intercambio de pareceres... incluso que se lo corrigiera. El sano ambiente republicano conlleva consenso prudente y disenso noble. Parece llegada la hora de disentir.
Quizás por ello, el presidente pudo advertir la incoherencia entre lo predicado durante los años de oposición y la campaña, y el decreto -legal pero ilegítimo- por el que avanzaba seriamente en la independencia de otro poder del Estado. Quizás por ello dio marcha atrás y postergó el juramento de los jueces para febrero, abriendo el período de impugnaciones.
EN JUJUY EL CAMBIO AVANZA CON CIERTA RESISTENCIA
En nuestra provincia el proceso de cambio también se está haciendo sentir, especialmente con la generosidad del gobernador Gerardo Morales a la hora de repartir las secretarías y direcciones entre partidarios de las fuerzas que conformaron el Frente Cambia Jujuy, más allá de cierta predominancia roja y blanca.
Desde el 10 de diciembre, el nuevo gobierno tomó no descansó ni un día en el empoderamiento de los nuevos funcionarios que le darán vida al gobierno del cambio.
Significativamente, apenas asumió el gobierno provincial, Gerardo Morales envió a la Legislatura un paquete de leyes que vendría a ser como una columna vertebral del nuevo gobierno. Cabe destacar la colaboración del bloque justicialista que ahora oficia de oposición.
Este proceso ya había comenzado antes con la aprobación del Presupuesto 2016 y la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y continuó desde el anuncio que hizo el gobernador, luego de de asumir el juramento de ley, cuando dijo que no habrá vacaciones para los legisladores y anunció el envío del paquete de leyes para ser tratados en sesiones extraordinarias.
Lógicamente, desde la Legislatura se trata de avanzar lo más expeditamente posible, y en solo cinco maratónicas sesiones ya prorrogaron la emergencia económica, declararon emergencia en Seguridad, Salud, Educación, provincializaron el BEGU, y avanzaron en la reforma judicial ampliando el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve.
Desafortunadamente, para suplir las nuevas vacantes del Superior Tribunal de Justicia no se ciñeron al espíritu del proyecto de ley para la selección de los jueces y demás miembros del poder judicial, que habla de un concurso público y de períodos de impugnaciones.
Para el caso del Superior Tribunal de Justicia, el gobernador se ciñó a la Constitución y los propuso él mismo, sin concurso previo ni un período de impugnaciones.
Son pocos los que hoy se animan a criticar ésta cooptación del Poder Judicial mediante la imposición de cuatro nuevos miembros de indiscutible historia y militancia radical que ahora le aseguran al gobernador la mayoría automática y prácticamente la suma del poder público.
Irónicamente, desde el Frente Unidos y Organizados, conjuntamente con Justicia Legítima y una agrupación independiente de abogados se manifestaron contrarios a la juramentación de los jueces que propuso el gobernador. Parece increíble, pero Milagro Sala, hoy parece ser la defensora de la República.
Quiero aclarar que para nada cuestionamos la honradez, la idoneidad, la capacidad profesional y técnica de los juristas seleccionados. Seguramente los nombres propuestos no podrían haber sido mejores. Sin embargo el método dejó mucho que desear, sobre todo después de haber estado convencido de la necesidad de un cambio en los métodos y formas, tal como proponían desde Cambia Jujuy.
Con la juramentación de los doctores Pablo Baca, Beatríz Altamirano, Federico Otahola y Laura Lamas para cubrir los nuevos asientos recientemente creados en el Superior Tribunal de Justicia, pasamos de tener una Superior Unidad Básica de Justicia a tener un Superior Comité de Justicia. Es justo mencionar que antes de éstas incorporaciones el máximo tribunal provincial contaba con miembros con innegables lazos e incondicionalidad con el oficialismo que se fue.
Al parecer tanto la constitución nacional y provincial son bastante laxas en cuanto a los requisitos para integrar los máximos tribunales. Ambas listan entre sus requisitos, tener 30 años de edad y 8 años de ejercicio de la profesión de abogado. Mientras que para aspirar a magistraturas inferiores, en la Justicia Federal o provincial, los requisitos son mayores y engorrosos.
Por otro lado, la Constitución de Jujuy otorga al gobernador la facultad de ampliar por ley la composición del Poder Judicial.
Son cosas que en algún momento deberán reverse pues, nada impide que el día de mañana, cuando haya un gobernador de otro color político, éste decida que también necesita de una mayoría automática y duplique el número de miembros del máximo tribunal.
Fuera de éste traspié con los principios republicanos e institucionales por los que tanto se abogó desde Cambia Jujuy, el resto de las medidas están encaminadas a devolver a los jujeños la tranquilidad del orden, y la dignidad de una provincia preocupada por la generación de empleo con calidad en los servicios y deberes indelegables del Estado.
Sin dudas, la otra mácula de estos primeros días del nuevo gobierno que encabeza Gerardo Morales es la presencia de un acampe en Plaza Belgrano. Podría decirse que se trata de la resistencia al cambio que quiere hacerse sentir.
Gerardo Morales quiere transparencia en la asistencia social, y por ello propuso la bancarización de todo beneficio social, como así también busca eliminar a los intermediarios que lucran con los derechos de la gente. Lógicamente, esto es resistido por quienes durante años se beneficiaron del perverso sistema de asistencialismo y por quienes buscan mantener privilegios y cuotas de poder.
Desde la Red de Organizaciones Sociales aseguran que mantendrán el acampe hasta tanto sean recibidos por un gobernador que dio todas las muestras y gestos de que no dialogará con ellos en éstas condiciones.
En esto hay que darle la razón al gobernador pues no se trata de dar o no el brazo a torcer sino de hacer respetar el principio de autoridad y enviar un claro mensaje de que los tiempos de las presiones y las fuerzas de choque se terminaron. si habrá diálogo que sea de forma institucional y civilizada, y que no se vulnere el derecho de los demás ciudadanos.
Lamentablemente, mientras se gestaba el acampe, un desafortunado accidente se cobró la vida de 42 centinelas de la Patria que llegaban a Jujuy, procedentes de Salta, a reforzar la seguridad.
Los ánimos caldeados hicieron que desde ambas partes en pugna se echaran los muertos sobre el otro para generar desgaste, bronca y costo político. Nada más canallesco que echarle la culpa al gobernador por solicitar a los gendarmes, o a Milagro sala porque venían por causa de ella y sus organizaciones sociales. Se trató de un accidente, y los accidentes ocurren todos los días en las rutas argentinas.
La investigación no ha arrojado noticias de atentados o sabotajes, más allá de los infundios que circulan por las redes sociales al respecto, aunque sí ha dado cuenta de la falta de condiciones en el vehículo que transportaba a los gendarmes a nuestra provincia.
Lo cierto es que estamos a solo cuatro días de las fiestas navideñas y a 10 de las de Fin de Año. Por estos días llegará para muchos el ansiado aguinaldo como para que las mesas estén festivas y completas. Por estos días se han estado reuniendo el gobierno con los gremios para acordar la ayuda extraordinaria que ayudarán al aguinaldo a completar esas mesas tan golpeadas por la inflación que ha corroído el poder adquisitivo de los salarios.
Desde el Frente de Gremios Estatales se ha adelantado la suma pretendida, mientras que desde el gobierno se ha anunciado una suma mucho menor. Seguramente en los próximos días habrá una aproximación entre ambas partes.















