En un fallo sin precedentes, el gobierno de la provincia deberá informar y adjuntar la pertinente documentación respaldatoria sobre gastos de publicidad, desde el 2007 hasta la actualidad, bajo apercibimiento de sanciones legales como astreintes.
La Sala II del Tribunal Contencioso y Administrativo dispuso que la Dirección Provincial de Prensa y Difusión informe en el término de diez días sobre los gastos de publicidad oficial, haciendo lugar a un amparo interpuesto por la periodista Amalia Eizayaga.
El tribunal dispuso que la Dirección Provincial de Prensa y Difusión informe en el término de diez días sobre los gastos de publicidad oficial de los años 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 y los correspondientes al año, 2014, hasta la actualidad, como así también cuáles son las normativas que rigen la distribución de pauta oficial en la provincia de Jujuy.
De acuerdo al fallo, el gobierno provincial deberá remitir "la pertinente documentación respaldatoria, bajo apercibimiento de imponerse astreintes, remitirse la causa a la Justicia Penal por la posible comisión del delito de desobediencia judicial u otras medidas que podrá disponer el Tribunal”.
El tribunal contencioso administrativo, conformado por los Dres. Sebastián Damiano y Fernando Pedicone, resolvió favorablemente el amparo por mora interpuesto en el mes de Julio por la periodista Amalia Eizayaga, quien contó con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Bianchedi.
En Jujuy, Amalia Eizayaga es la primera persona que presentó el recurso solicitando la inconstitucionalidad del decreto 5081, reglamentario de la ley 4444, de información pública. La periodista había presentado dos pedidos de acceso a la información a la DPPD en 2014 y uno en 2015, amparándose en la legislación provincial y nacional, así como en los tratados internacionales incorporados en la Constitución de la Nación Argentina y en la jurisprudencia creciente de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de acceso a la información. Además Amalia Eizayaga había presentado 54 pedidos de información en 20 reparticiones de la administración central, de las cuales sólo una –la por entonces Secretaría de Turismo y Cultura– respondió en tiempo y forma, según establece la Ley 4444. En años anteriores, también la periodista formuló otros pedidos ante la DPPD y la Jefatura de Gabinete, sin éxito.















