La Cámara de Diputados inició un debate atravesado por inscripciones récord, cuestionamientos por el cupo y una sesión prevista para abril.
Pese a la inscripción inédita de 102.000 personas para exponer en las audiencias por la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados, las jornadas de participación ciudadana están limitadas a menos de 400 personas durante este miércoles y jueves.
A principios de marzo, el oficialismo habilitó la inscripción para participar de dos audiencias públicas: una presencial en la Cámara Baja el 25 de marzo y otra virtual el 26.
Pero ante un número creciente, el oficialismo decidió que solamente se iban a seleccionar para exponer a algunas personas de cada provincia. El resto podría enviar un video por YouTube. Organizaciones ambientales pusieron una medida cautelar para que se les dé lugar a todos, pero el juez federal Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5, la desestimó.
De esta manera, el Congreso avanzará con un esquema de participación mixto que combinará exposiciones presenciales, intervenciones virtuales y la posibilidad de presentar aportes por escrito o en formato audiovisual.
Según el esquema definido por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, habrá un total de 360 expositores: 180 participarán de forma presencial el miércoles y otros 180 lo harán de manera remota el jueves. Las audiencias comenzarán a las 10 en la sala del piso 2 del anexo C.
El resto de los inscriptos pudo enviar un video de hasta cinco minutos o un documento escrito que será incorporado al expediente legislativo como insumo para el debate.
Sin embargo, el criterio de selección —que prioriza a los primeros anotados de cada provincia para garantizar representación federal— generó fuertes críticas. Desde sectores de la oposición y organizaciones socioambientales denunciaron que el mecanismo deja afuera a la gran mayoría de los interesados, ya que menos del 0,3% podrá tomar la palabra en vivo.
En ese contexto, distintas agrupaciones convocaron a una movilización frente al Congreso bajo la consigna “Hacer fila hasta que nos dejen hablar”.
La protesta está prevista para este miércoles a las 17 y cuenta con el respaldo de organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, representantes de pueblos originarios y espacios políticos de la oposición, entre ellos sectores del PJ, la izquierda, la Coalición Cívica y parte del radicalismo.
El Gobierno desplegará un intenso operativo de seguridad y recomienda evitar la zona.
Las críticas también apuntan a que el formato adoptado podría contradecir estándares de participación pública establecidos en acuerdos internacionales y en la legislación ambiental vigente. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la modalidad al asegurar que permite una intervención amplia y federal, incluso para quienes no puedan exponer oralmente.
El proyecto de reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone introducir cambios en la protección de las zonas periglaciares.
En términos generales, busca acotar el alcance de la normativa vigente, limitando la protección a aquellas formaciones que cumplan una función hídrica comprobable. También plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la actualización del inventario de glaciares, una tarea que actualmente realiza un organismo científico nacional.
