La reunión de las comisiones está prevista para las 17.30. La reforma del Régimen Penal Juvenil cuenta con el apoyo del gobierno de Javier Milei.
El plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados, encabezado por Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, se reunirá este martes con el objetivo de aprobar un dictamen clave sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El proyecto, que cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei, propone una reforma profunda del sistema penal para menores y establece que la edad de imputabilidad se reduzca de 16 a 14 años, un tema que vuelve a instalarse con fuerza en el debate público.
La cita se estableció para este martes a las 17.30, a la espera del final de la sesión especial solicitada por la oposición para discutir, entre otros proyectos, la creación de una comisión investigadora por el caso de la criptomoneda $Libra.
Las comisiones de Legislación Penal, encabezada por Rodríguez Machado; Familia, Niñez y Juventudes, presidida por Roxana Reyes (UCR); Justicia, conducida por el oficialista Manuel Quintar; y Presupuesto y Hacienda, del libertario José Luis Espert buscarán el consenso para lograr el dictamen de mayoría.
La diputada Laura Rodríguez Machado le dijo a TN: “En el marco del debate sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, nos encontramos en la etapa final de construcción de un despacho de mayoría. Desde el 26 de marzo, hemos trabajado junto a asesores y representantes de distintos bloques para alcanzar los consensos necesarios. En principio, y por mayoría de votos, el proyecto que impulsamos establece como modificación central la fijación de la edad de imputabilidad en 14 años, en lugar de los 13 años planteados en otras instancias”.
La legisladora cordobesa del PRO adelantó: “Nuestra intención es despachar el proyecto lo antes posible, y una fecha probable para avanzar en este sentido es el martes. Sin embargo, estamos atentos a las definiciones respecto a una posible sesión convocada para el mismo día. De concretarse el despacho, se dará un paso fundamental en la actualización del régimen penal juvenil, avanzando en una legislación acorde a las necesidades actuales”.
Por su parte, el diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda le manifestó a TN: “El intento de dictaminar este proyecto es verdaderamente una bomba de humo porque esa medida, de ninguna manera, provoca una disminución en el índice de delitos cometidos por quienes tienen la edad a penalizar o ser punible. Como hemos visto en Uruguay o Brasil, que a pesar de la baja no revirtió una tendencia (la edad de imputabilidad en menores en esos países es de 12 años). En Argentina son muy pocos casos y vienen en baja (los delitos). Es solo humo con la intención de continuar con políticas de penalización contra los mismos niños y adolescentes a los que no les permiten acceso al trabajo, a la educación y a vivir en condiciones dignas, ahora los quieren meter en las cárceles”.
Los pedidos del presidente Javier Milei
El jefe de Estado, ante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo, le pidió al Congreso: “Necesitamos que quienes cometen delitos como adultos, paguen como adultos”. Lo hizo en referencia al caso de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en un robo en La Plata. Uno de los acusados tiene 14 años y es inimputable. El mandatario insistió en que la reforma del Código Penal es “la más importante de los últimos cien años” y que debe aplicarse con urgencia.
Además, advirtió que el problema no se limita a los delitos comunes: “El narcotráfico y el terrorismo son un peligro claro y actual para los argentinos”. Desde el oficialismo, el Gobierno ya envió un proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad a 13 años.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. La iniciativa buscafavorecer el derecho de las víctimas y establecer un régimen diferenciado en cuanto al tratamiento de resocialización y a las sanciones penales.
Además de la pena de prisión, el proyecto prevé sanciones alternativas como: amonestación, prohibición de contacto o acercamiento, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducción vehicular, monitoreo electrónico, prestación de servicios a la comunidad. Ello siempre que las penas no superen los seis años, sin el resultado de la muerte de la víctima y sin registros de procesamientos firmes anteriores, previo dictamen de una junta interdisciplinaria.
En cuanto a la pena de prisión, se esperan distintas modalidades atenuadas como fin de semana, domiciliaria, instituto abierto. También distintos programas tendientes a la resocialización del menor, como los programas educativos, de formación ciudadana, o deportivos. Asimismo, se estipula tener la posibilidad de ordenar tratamientos médicos, en casos de afecciones físicas o psicológicas. El proyecto, además, crea la figura del “supervisor”, quien acompaña al menor desde el comienzo de su tratamiento, debiendo elaborar un plan de educación y resocialización personalizado.
Los proyectos presentados
Hay un total de 12 proyectos que buscarán acordar sobre la baja de la edad de imputabilidad, una reforma que divide a los bloques políticos y que el Gobierno busca aprobar con urgencia.
La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) impulsa una iniciativa presentada por su espacio desde 2003, que propone un Régimen Penal para menores con penas progresivas y alternativas a la prisión. “No alcanza con bajar la edad. Hay que garantizar una justicia especial para menores y trabajar en su reinserción”, sostuvo.
Otros sectores plantean límites de 14, 15 o 16 años. Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) y Diego Santilli (PRO) apoyan un sistema de responsabilidad penal juvenil desde los 14 y 15 años, respectivamente.
En Unión por la Patria, Natalia Zaracho defendió mantener la edad en 16 años y enfocarse en la prevención y la no reincidencia. En tanto, los libertarios Carolina Píparo y Álvaro Martínez pidieron penas más duras para menores reincidentes, y este último propuso fijar la edad en 12 años, como en Brasil y México.
