Sectores dialoguistas calificaron de "oportunista y dañina" la maniobra de la Casa Rosada.Advirtieron que puede afectar la seguridad jurídica del máximo tribunal.
La oposición salió con todo a cruzar al Gobierno que confirmó este martes la decisión de designar por decreto al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia. Desde el sector dialoguista calificaron de "error", "pésima" y "dañina" la estrategia de la Casa Rosada de nombrar por esa vía a los candidatos de Javier Milei al fracasar las gestiones en el Senado para alcanzar los dos tercios que exige la Constitución.
El kirchnerismo, que calificó de "inconstitucional" la medida, ya anticipó que trabajará para rechazar el decreto presidencial. Lo cierto es que la crisis puede desembocar en un conflicto de poderes no sólo porque los pliegos pueden ser llevados al recinto para ser rechazados sino porque hay dudas sobre si las designaciones en comisión se mantienen ante una eventual negativa del Congreso.
Lo que está claro es que la Casa Rosada jugó a fondo al confirmar que esta medianoche publicará en el Boletín Oficial el decreto que nombra a los dos jueces con la intención de conseguir las mayorías para nombrarlos de manera permanente el próximo año. Una proyección que en el Congreso ya ven arriesgada aún si La Libertad Avanza mejora la elección del 2023 que llevó a Milei al poder.
Desde la oposición dialoguista explicaron que si bien es legal la utilización del decreto para designar a los jueces en comisión, entienden que en este contexto genera "una falta de legitimidad democrática, tiñe la credibilidad de esos jueces y produce un debilitamiento de la independencia judicial".
En rigor, los legisladores explicaron que tanto Lijo como García - Mansilla quedan pendientes de un decreto o de un rechazo del Senado. Lo que se plantea es "cuál es la certeza y estabilidad jurídica que dan fallos de una Corte que en un año pueden ser removidos".
Respecto de si los jueces designados en comisión pueden seguir en sus cargos si el decreto es rechazado por el Congreso, en el Senado explicaron que hay una doble interpretación: están quienes aseguran que pueden durar un año en el cargo independientemente de lo que resuelva la Cámara como los que entienden que se caen los nombramientos una vez que no le den el acuerdo.
Sin embargo, todo el arco político coincidió en que "la competencia es del Senado y no se la puede arrogar el Poder Ejecutivo". Sólo este punto traerá un fuerte conflicto entre el oficialismo y la oposición. Primero, hay que aclarar que se trata de un decreto que no necesita la aprobación del Congreso, ya que la designación en comisión es como una herramienta administrativa. Sin embargo, los senadores pueden llevar los pliegos al recinto -el de Lijo ya tiene despacho de la comisión de Acuerdo que encabeza Guadalupe Tagliaferri- y rechazarlos, lo que terminaría en un verdadero conflicto de poderes.
La maniobra de la Casa Rosada deja en una situación incomoda a la oposición dialoguista porque el PRO ya había manifestado su rechazo a la nominación del juez federal como así también de un sector del radicalismo. Juan Carlos Romero, quien viene trabajando para el armado del Gobierno, admitió que "no es la forma adecuada de designación" de los jueces y sobre todo por "la seguridad jurídica que necesitan las decisiones de la Corte". "En el sistema argentino se requiere de un acuerdo entre las fuerzas políticas, cosa que con el kirchnerismo es difícil de lograr", agregó el senador por Salta.
En tanto, desde el bloque de Unión por la Patria ratificaron este martes que están "abiertos al diálogo" y confirmaron la intención de avanzar en un gran acuerdo que incluya no sólo los cargos de la Corte sino también el procurador general, cargo que actualmente ocupa Eduardo Casal, y el defensor del pueblo, que está vacante desde hace 16 años por la falta de acuerdo entre los distintos sectores políticos.
Justamente, el jefe de la bancada, José Mayans, confirmó este martes que en la última reunión de labor parlamentaria que se hizo en el Senado ofrecieron conversar sobre las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Es sabido que Cristina Kirchner pidió un lugar para una mujer y en su momento se mencionó a la ex senadora María de los Ángeles Sacnun, cercana a la ex presidenta.
"Estamos dispuestos al diálogo con las fuerzas políticas para ver cómo trabajamos en el máximo estamento del Poder Judicial. Hay dos lugares importantes, hablaban de una Corte de 7 o de 9, el procurador general y el defensor del pueblo", declaró Mayans, quien advirtió que "si el Gobierno quiere imponer sin ningún tipo de diálogo, no puede conseguir el acuerdo".
Las negociaciones que se dan en el Congreso para aprobar los pliegos del juez y del abogado Manuel García Mansilla. Mirá el informe de Lucía Salinas.
Lo cierto es que el oficialismo no pudo la semana pasada imponer una sesión para tratar el pliego de Ariel Lijo en el Senado, no sólo por la falta de apoyo de Unión por la Patria, sino también por las diferencias que aún se mantienen entre los dialoguistas.
De acuerdo a lo informado por este diario, se especula que tras la publicación del decreto, Lijo pedirá una licencia en su cargo de juez federal, aunque desde la Corte ya la rechazan. En tanto, García-Mansilla se mantiene en silencio y no anticipa qué posición adoptará de avanzar el Gobierno con su jugada para completar los miembros de la Corte tras las bajas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
