Lo hizo a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que también lleva la firma de Patricia Bullrich. Buscan saltear el proceso de licitación y justificar una compra directa a una empresa por motivos de seguridad.
El Gobierno ordenó la compra de un sistema antidrones tras la misteriosa caída de uno de estos dispositivos a metros de la embajada de Israel y el sobrevuelo de otros dos sobre el Congreso. La transacción fue declarada secreta por razones de seguridad nacional a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial que lleva las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según trascendió, que la compra sea secreta permitiría al ministerio de Seguridad saltear un proceso de licitación y justificar una compra directa a una sola empresa.
La decisión está motivada por la necesidad de enfrentar las crecientes amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), también conocidos como drones. Entre los argumentos del decreto se expuso que estos dispositivos, debido a su accesibilidad y versatilidad, podrían ser utilizados para “atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave”, como edificios gubernamentales, ministerios, aeropuertos, centrales eléctricas y zonas militares.
En el texto se menciona además lo simple que es adquirir uno de estos aparatos y el “amplio alcance, facilidad de traslado y simplicidad de uso”. De acuerdo con el decreto, el sistema antidrones permitirá “mitigar riesgos asociados al uso indebido de estos aparatos que, en algunos espacios, han sido empleados con fines ilícitos, como envíos ilegales en unidades penitenciarias, hasta intentos de fuga mediante explosivos o ataques”.
Además, el documento sostiene que es menester “entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de la Policía Federal Argentina y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina”.
Los drones son conocidos en jerga técnica militar con las siglas de UCAS (Unmanned Combat Aerial Systems). En recientes conflictos armados y, en especial, en la invasión de Rusia a Ucrania, se aceleró el desarrollo de sistemas “Antidrone” (C – UAS), que proporcionan una solución eficiente para neutralizar estos sistemas.
En este contexto de hermetismo se puede especular con posibles consultas a la compañía especializada en sistemas C-UAS, EPIRUS de los Estados Unidos que obtuvo un contrato del US Army por US$ 66 millones para comenzar a fabricar las primeras unidades de su sistema C-UAS “Leonidas”, un Arma de Energía Dirigida (DEW) que emplea “Pulso electromagnético” (EMP-Electromagnetic Pulse) para derribar drones.
Otro sistema muy utilizado es el que implica la tecnología de láser. Pero en el caso del pulso electromagnético, y a diferencia del Láser, puede dirigir su acción letal a un área determinada en el aire y neutralizar simultáneamente varias amenazas, lo que lo hace especialmente útil para el ataque de “enjambres” de drones.
La noticia se da a conocer dos semanas después del confuso episodio que ocurrió en el Congreso, donde dos ciudadanos de origen ruso pidieron recuperar un drone que habían “perdido” en un sobrevuelo del Palacio Legislativo, para el cual no tenían autorización. El hecho aún se encuentra bajo investigación de la Justicia federal.
En noviembre pasado, además, otro drone cayó a metros de la Embajada de Israel, en Avenida de Mayo al 700, donde se desplegó un fuerte operativo de seguridad. Tras una investigación se determinó que “no se trató de un ataque”.
