Se trata de personal temporario que desempeñaba funciones en comisiones bicamerales. Se suman a los 36 trabajadores de la planta permanente que fueron despedidos el viernes.
Antes de partir de viaje a Neuquén, donde participará de una exposición y visitará el yacimiento de Vaca Muerta, Victoria Villarruel dejó firmado un nuevo decreto por el que dio de baja a 20 empleados de la planta transitoria del Senado que reportaban a comisiones bicamerales.
Su nombramiento había sido solicitado por legisladores que lograban, de esa manera, liberar cupos para designar a funcionarios en sus despachos.
Estas bajas se suman a las 36 cuyos despidos la vicepresidenta decretó el viernes al revertir el pase a planta permanente de empleados que había adoptado en octubre del año pasado, poco menos de dos meses antes de concluir su mandato, Cristina Kirchner con la firma de la entonces secretaria Administrativa, la pampeana y dirigente de La Cámpora María Luz Alonso.
La principal afectada por la nueva medida es, precisamente, una senadora que responde a La Cámpora. Se trata de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien había motorizado los nombramientos en las comisiones bicamerales de cuatro empleados. Otro más responde a Mariano Recalde, también de la misma agrupación política kirchnerista.
El resto de los afectados forma parte de lo que en la jerga de la política se conoce como “capas geológicas” de empleados cuya contratación fue solicitada por legisladores cuyos mandatos ya vencieron y no renovaron su banca.
El decreto se basa en varios artículos del estatuto del empleado legislativo (ley 24.600) al establecer que ya han caducado las razones excepcionales por las que las administraciones anteriores los habían designado haciendo una excepción al artículo 49 de la norma, que impide que personal temporario revista funciones en comisiones permanentes.
El viernes de la semana pasada Villarruel firmó otro decreto por el que dio de baja 38 empleados de la planta permanente, aduciendo habían sido nombrados de manera irregular por la gestión kirchnerista que terminó en diciembre.
En realidad fueron 36 las bajas, ya que dos de los legajos mencionados en el anexo corresponden a agentes que ya habían sido dados de baja con anterioridad por otros motivos.
La medida provocó malestar en algunos despachos de senadores aliados, que vieron como de un día para el otro fueron despedidos personal de sus despachos que cumplían horario de trabajo pero que desde la Presidencia de la Cámara alta se los acusaba de ser “ñoquis”.
