La medida, que todavía no tiene fecha de oficialización pero se espera para los próximos días, prevé algunos cambios clave para el sector. Ya genera malestar entre los empresarios y algunas dudas para los pasajeros.
Después de la dura disputa que generó el traspaso de las 31 líneas de colectivo a CABA, ahora el Gobierno trabaja para desregular el transporte de larga distancia. La medida -que no incluye a los servicios internacionales ni a las frecuencias que transitan por el AMBA- prevé algunos cambios clave para el sector y ya genera malestar entre los empresarios y algunas dudas para los pasajeros.
A grandes rasgos, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado están puliendo los detalles de una normativa que deroga el decreto 958/1992 y tiene entre sus objetivos “liberar y desregular” el sistema de transporte automotor.
Uno de los puntos más importantes de la disposición que pretende habilitar el Ejecutivo establece que los transportistas y empresas podrán fijar libremente los recorridos, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, y para eso podrán utilizar cualquier vehículo que cumpla con los estándares en materia de seguridad que estarán fijados por la Secretaría de Transporte.
Es decir, que en primer lugar se eliminaría la obligación de cumplir con ciertas pautas, como la de respetar un valor tarifario máximo, por lo que las compañías podrían establecer los costos de venta de los pasajes sin topes. Por otra parte, los vehículos podrán iniciar o finalizar el viaje y hacer paradas en cualquier terminal.
Además, se creará un registro digital para que los transportistas y empresas puedan inscribirse para prestar el servicio de transporte de cargas y correspondencia en los mismos ómnibus. En ese registro deberán informar sobre cuestiones como la propiedad del vehículo, su capacidad de transporte, la cantidad de asientos por cada vehículo, la nómina de conductores y las licencias de conducir. También se deberán contratar seguros ante posibles riesgos con los usuarios o terceros transportados y no transportados.
Este registro tiene como finalidad “simplificar las exigencias” para las personas que quieran anotarse para prestar el servicio. Lo cierto es que el sistema del transporte automotor funciona desde hace años con una serie de permisos para las empresas que operan en las líneas que circulan por el país y las firmas deben garantizar, entre otras cosas, ciertas condiciones en materia de seguridad y conectividad, que actualmente se estima que alcanza a unas 1600 localidades.
En este escenario, la nueva disposición para desregular el sistema tiene como objetivo, explicaron fuentes oficiales al tanto de la elaboración de la medida, abrir la competencia para que más actores puedan brindar el servicio. La lógica oficial es que si se incrementa la oferta de empresas que participen, la puja por el negocio hará que mejoren las condiciones y se beneficiarán a los pasajeros. Que esa premisa se cumpla, claro, necesita esperar a la reacción de este mercado después de cierto tiempo de implementación.
La iniciativa, de todas formas, generó bastante malestar entre las compañías de colectivos de larga distancia. En primer lugar, en el sector privado cuestionan que con la flexibilización para anotarse en el registro, cualquiera que cumpla con ciertos requisitos de seguridad podría quedar habilitado a ofrecer el servicio.
Por otro lado, critican que si las empresas ya no van a estar obligadas a viajar a hacer todos los recorridos, la competencia podría concentrarse solo en las rutas más rentables y queden destinos más chicos sin conectar. “Podría pasar que en algunos destinos hayan 200 competidores y los precios bajen, pero ya no va a ser mas obligatorio hacer algunos traslados”, ejemplifican en una de las compañías.
También mencionan entre sus preocupaciones que puedan no incluirse en la normativa la obligación de contar con ciertos requisitos establecidos para personas con discapacidad y que sean más laxos los controles vinculados a la seguridad vial.
Por eso, en el sector privado aguardan por los detalles de la medida, que todavía no tiene fecha de oficialización pero se espera que sea pronto. “Esto no es un cambio de norma, de las reglas de juego, es el fin del transporte como se lo conoce”, sentenció un referente de las empresas del rubro.
