ATE y una parte de UPCN planean entrar en las sedes de las dependencias gubernamentales el miércoles tras las miles de desvinculaciones que consideran arbitrarias e ilegales. En Nación, evalúan cómo responder en los edificios públicos, cuya custodia depende de la Policía Federal.
En el arranque del fin de semana largo, el Gobierno encendió la alerta por la reacción de los gremios estatales frente a los despidos masivos en la administración nacional que pusieron en marcha esta semana pero festejó la efectividad de la estrategia para empezar a cumplir con el cupo de 70.000 desvinculaciones que se plantearon como objetivo en este capítulo de ajuste del Estado.
Sin embargo, el anuncio de ATE y UPCN sobre una profundización de las medidas de fuerza el próximo miércoles puso en alerta a la Casa Rosada y los ministerios de Seguridad y Capital Humano, donde evalúan cómo hacerles frente en la calle mientras temen más complicaciones en servicios estatales sensibles.
En Nación, avisan que no tienen planeado dar el brazo a torcer con la medida. Más allá del ahorro en las cuentas públicas, que no se especificó, les sirve de sustento para la narrativa central, que plantea como enemiga a “la casta”.
Sin embargo, los inquieta que las medidas de fuerza paralicen la administración nacional y afecten -aún más- la atención al público, sobre todo en áreas delicadas que, para colmo, experimentan problemas por otros motivos, como la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).
“Saben que es abusiva la cantidad de empleados ñoquis que hay. Nos sorprendió que el acatamiento a las medidas no fuera tan alto como esperábamos. Había mucho ruido en las puertas, pero se notaba que no tenían mucho poder de fuego”, acotaron en uno de los ministerios donde escaló el conflicto sobre las protestas del martes y el miércoles. Y se jactaron de la efectividad de la estrategia de echar a correr el rumor de despidos, empezar por goteo en casos puntuales, y finalmente oficializarlos en masa.
