Generales, oficiales y hasta la tropa no ocultan su disgusto con la intención gubernamental de empeñarlos en una lucha que en términos militares no es tal.
Es por demás sabido que en el presente no existe en las filas de las Fuerzas Armadas de la Nación ningún oficial, suboficial o soldado que hubiera estado activo en los años de la dictadura militar. El Brigadier General Xavier Isaac es el militar de más alto rango y antigüedad y detenta el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto. Egresó de la Escuela de Aviación Militar en diciembre de 1983, el resto de los casi 80 000 efectivos militares del país lo hicieron al menos 3 años después. Vale acotar que será este Brigadier quien por su rol actual será llegado el caso el primer responsable de cualquier consecuencia no deseada de un eventual despliegue militar en Rosario.
La introducción no es estéril ya que con el devenir de la democracia y sin solución de continuidad en los últimos 40 años la política se ocupó de dos cosas, la primera fue reducir el poder operativo real de las fuerzas en el entendimiento que si les quitaban medios se diluiría su rol de amenaza a la democracia. La segunda, resetear y formatear en todos los niveles de formación y capacitación la doctrina militar para que desde muy temprano los uniformados entendieran que “nunca jamás deberían empuñar las armas de la patria en contra de la sociedad”. En ambos cometidos la política fue exitosa.
Defensa Nacional y Seguridad Interior
El mandato político antes indicado fue ratificado formalmente con la aprobación en la década del 90 de las leyes de Seguridad Interior (24059) y de Defensa Nacional, las que definitivamente delimitaron el campo de acción de fuerzas policiales y militares.
Estas dos leyes, sin embargo, abren una puerta al eventual empeño de los militares en tareas propias de las fuerzas policiales. El artículo 27 de la ley de Seguridad Interior indica taxativamente que en determinadas condiciones las FFAA podrán aportar servicios logísticos de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte. También podrán aportar sus cuerpos de ingenieros y comunicaciones. “En la Rosario actual ciertamente no se necesitan ni arsenales, ni animales, ni construcciones ni comunicaciones. Lo que se pretende es inundar las calles de uniformados sea de la fuerza que fueran y poner vehículos del ejército a circular por las calles para infundir temor a los narcotraficantes. Esa claramente no es una tarea logística. Si quieren camiones se pueden enviar, pero no es con camiones como arreglarán el tema”, sostienen invariablemente los uniformados.
Asimismo, los jefes militares no dejan pasar por alto que a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios internacionales, en Rosario no existe un enfrentamiento abierto entre delincuentes y policías, no se configura una situación en la que se perciban fuerzas policiales sobrepasadas operativamente e incluso con víctimas policiales en enfrentamientos. “Podremos poner 20 o 100 camiones, pero al sicario solitario que mata a un inocente en cualquier esquina no lo vamos a amedrentar”, remarcan.
Orden de cumplimiento imposible
Por estas horas la comunidad militar muestra más preocupación que enojo. Un alto jefe de las fuerzas armadas lo explicó ayer mismo de la siguiente forma. “El sistema de formación del personal militar en la actualidad no le otorga a oficiales o suboficiales la más mínima noción sobre métodos o procedimientos para desarrollar operaciones relacionadas con la seguridad interior. Nuestro entrenamiento y el armamento que utilizamos persigue el exterminio del enemigo no su apresamiento (salvo en caso de rendición). No hacemos inteligencia criminal y no estamos capacitados para usar fuerza moderada. Es más, hasta nuestros vehículos se comportan torpemente en un escenario citadino”, advierten.
“Existe un precepto militar fundamental que indica que una operación militar debe reunir tres condiciones para ser llevada adelante: aptitud, factibilidad y aceptabilidad (en la jerga militar se lo conoce como AFA). Resulta evidente que las FFAA del presente no podrían cumplir con este precepto básico en modo alguno”, insisten.
“Inundar las calles de militares implica severos riesgos. ¿Qué pasaría si un sicario la emprende contra un soldado y pone en riesgo su vida? Si cae bajo fuego del delincuente hemos sacrificado a un hombre o una mujer innecesariamente. Si repele con su armamento militar a un civil su futuro profesional y hasta su libertad se verán comprometidas”, resaltan.
Gran parte del resquemor militar radica en el hecho de que el máximo ofrecimiento que el Ministro de Defensa Luis Petri les ha hecho es una modificación del actual decreto reglamentario de la Ley de Defensa que -al margen de la ley de seguridad- circunscribe el accionar militar a “repeler ataques de fuerzas regulares estatales extranjeras”.
Los uniformados sostienen que un decreto no alcanza y recuerdan en cada oportunidad que pueden, que el expresidente interino Ítalo Luder firmó un decreto para dar inicio al Operativo Independencia en Tucumán con las consecuencias ya conocidas. “Un decreto tiene gusto a poco” resumen. No obstante, ni ese decreto pudo conseguir el actual Ministro por el momento. En este contexto, no han sido pocas las voces de altos mandos militar que han expresado su rotunda negativa a desplegarse operativamente en la ciudad de Rosario. De hecho, el último intento realizado por el expresidente Alberto Fernández terminó en un rotundo fracaso “Los militares no estamos preparados para cumplir tareas de seguridad en la calle”, manifestó reiteradamente el Teniente General Paleo desde su cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA cuando la excandidata – hoy ministra de seguridad- Patricia Bullrich pregonaba en campaña electoral sus ideas al respecto.
No se puede soslayar el hecho del amplio apoyo que el actual presidente Javier Milei obtuvo de parte de la comunidad militar. En algunas unidades la fórmula libertaria arrasó con más del 80% de los sufragios. La presencia en la fórmula de la actual vicepresidente Victoria Villarruel fue un reaseguro a la no participación de los militares en tareas de seguridad interior. “La propuesta de Patricia Bullrich jamás nos convenció. Ella siempre sostuvo que si llegaba a la presidencia haría algo que no estábamos dispuestos a realizar. No ganó las elecciones, pero ahora desde el ministerio de seguridad nos quiere imponer una tarea que no deseamos cumplir”, sintetiza el mismo oficial superior antes consultado.
Horas tensas
De acuerdo con la modalidad operativa actual de las FFAA, las distintas fuerzas no operan por sí solas. Las fuerzas adiestran y alistan sus medios y personal y los ponen a disposición del Estado Mayor Conjunto que es el organismo que lleva adelante las operaciones en cualquier escenario (tierra, mar y aire). Este modus operandi hace que por estas horas la fuerza con más posibilidades de ser movilizada al teatro de operaciones Rosario sea el Ejército.
La responsabilidad de cualquier hecho o daño colateral que este desplazamiento implique recaerá en cabeza del Brigadier General Isaac. El aviador lo sabe, el ministro lo sabe y los jefes o oficiales involucrados lo saben. Se les ha prometido a los militares fijarles reglas de empeñamiento (reglas de acción) claras y que no los pondrán frente a frente con el “enemigo narco”. No les queda otra alternativa que prestar atención a los anuncios públicos que realizarán las máximas autoridades de seguridad y defensa para luego obrar primero en defensa propia y recién después en apoyo a la seguridad de los demás.
