Además de la apelación que prepara la Procuración del Tesoro, la Jefatura de Gabinete planea girar el decreto completo al Legislativo antes de que venza el plazo que dicta la Constitución. Se muestran despreocupados, auguran que el conflicto llegará a la Corte Suprema y creen que les darán la razón
El Gobierno se prepara para dar una nueva señal de que no está dispuesto a ceder con el DNU de desregulación de la economía tras el revés que sufrió ayer con la medida cautelar de la Justicia contra el apartado de la reforma laboral que resiste la CGT. Tras anunciar, ayer, que apelará el fallo de la Cámara del Trabajo, Javier Milei decidió girar al Congreso el documento completo, como lo había planeado inicialmente, antes de que venza el plazo máximo que dicta la Constitución. En Gobierno se muestran despreocupados. Están convencidos de que el caso llegará a la Corte Suprema y que les darán la razón en la última instancia.
El 5 de diciembre -es decir, mañana- vence el período fijado para que la Jefatura de Gabinete presente el DNU publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre ante alguna de las dos Cámaras, indistintamente. Y ayer por la tarde, la decisión política del Presidente fue continuar con los trámites para darle continuidad a la polémica iniciativa al margen del fallo judicial. “Vamos a seguir”, dijeron con firmeza en Balcarce 50, conscientes de que dar marcha atrás sería una calamitosa muestra de debilidad.
El documento será enviado con todos los artículos originales, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la presentación de un amparo ante la Cámara del Trabajo. Anteayer, la Cámara Laboral habilitó la feria para tratar el pedido de los gremios, y le corrió vista al fiscal general, Juan Manuel Domínguez, quien dictaminó que el conflicto lo debe resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, dos de los jueces de la Sala de Feria decidieron suspender el capítulo laboral del DNU 70/2023.
El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso y en Gobierno informaron que harán el envío a tiempo, aunque la oposición por los acusa de postergar con ardides la conformación de la comisión bicameral permanente donde debería tratarse el decreto.
El DNU es una de sus grandes apuestas del Gobierno, en la cual el Presidente depositó buena parte de su capital político. Pero desde el comienzo de la gestión sabía que enfrentaban dos escenarios de batalla. Uno, político, que empezó con las primeras señales de resistencia de la oposición en el Congreso, y con el anuncio del paro de la CGT. El segundo, político-judicial, que se inició ayer, con el fallo de la Cámara del Trabajo.
No obstante, en la Casa Rosada no se alteran. “No nos sorprendió. De hecho, tardó mucho”, dijo un funcionario de confianza de Javier Milei. “No va a ser un problema. La cautelar aplica sólo al caso particular, lo que decidió la jueza está mal, y el tema va a terminar siendo absorbido por lo Contencioso. Además, define la Corte en última instancia”, agregó, impasible. Y se mostró confiado en el máximo tribunal les dará la razón. “Debiera andar bien ahí”, deslizaron en Gobierno.
De todas formas, algunos libertarios admiten preocupación. Además de representar un revés político, el freno a la medida, advierten, deja mal parado al Gobierno frente a los inversores que se esmeran en atraer para que entren dólares y se reactive la economía. “Estamos haciendo todo para mostrar seguridad jurídica, esto nos hace muy mal a todos”, se lamentaron. Sin embargo, juraron que no harán ningún tipo de intervención subterránea para influir en la Justicia. “Obviamente vamos a apelar, pero creemos en una Argentina distinta, las operaciones se terminaron”, deslizó un funcionario.
Desde hoy se abrirá un debate histórico de la doctrina jurídica sobre la vigencia de la reforma laboral. La CGT insistirá en que la apelación sobre la cautelar no inhabilita el efecto de suspensión, mientras que el Gobierno sostendrá que se mantiene efectiva a partir de la apelación, y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
Mientras que el obstáculo de la Justicia se consolidó como principal preocupación del Gobierno, en Balcarce 50 tienen mejores perspectivas frente debate legislativo. Se basan en los antecedentes y en las exigentes condiciones requeridas por la Constitución para hacerlo, es decir, el rechazo de las dos cámaras. Y esperan que la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debe tratarse el DNU, se postergue largamente por las diferencias con el kirchnerismo sobre la cantidad de miembros que le corresponden a cada partido (son ocho por cámara, que deben reproducir las representaciones políticas de ambos cuerpos).
Los primeros atribuyen la demora a la insistencia de Unión por la Patria por nombrar a cuatro legisladores, con el argumento de que ostentan la primera minoría. Pero los alfiles de Cristina Kirchner aseguran que el Gobierno quiere manipular los números para evitar que se trate y pase al recinto, donde podrían tener problemas para aprobarlo.
Pero, en caso de que la Bicameral se pusiera en marcha, los libertarios cuentan con que podrán manejar el funcionamiento a su favor desde la presidencia, cuya titularidad se alterna y este año le toca a un miembro de la Cámara alta, donde probablemente nombren al senador riojano Juan Carlos Pagotto, cercano a la dupla de Martín Menem y “Lule” Menem.
El Gobierno tenía decidido girar el proyecto al Congreso desde el inicio. No tanto por responsabilidad cívica, porque bregan para que ni siquiera se trate, sino para respetar ciertas formas. Quieren evitar que siga embarrándose el terreno político, donde la oposición lo acusa de intentar saltear la instancia legislativa. Desde ayer, el envío del proyecto completo se transformó en prioridad para el Presidente.
