Abogados constitucionalistas y del fuero laboral opinaron sobre la decisión de la sala de Feria de la Cámara del Trabajo que detuvo la aplicación de las reformas laborales que había impuesto el decreto presidencial.
La Cámara Nacional del Trabajo aceptó este miércoles el pedido de la CGT y por medio de una medida cautelar suspendió los efectos del título IV del Decreto de Necesidad y Urgencia impulsado por el gobierno de Javier Milei para desregular la economía. El fallo salió por mayoría y dio cuenta de las “importantes modificaciones de aplicación inmediata” del decreto impugnado con relación a diversos aspectos del ámbito laboral, como las modalidades contractuales, la protección contra el despedido arbitrario y el funcionamiento de las asociaciones gremiales, entre otros. En diálogo con Infobae, distintos especialistas del derecho brindaron su opinión sobre la sentencia, a la que recibieron positivamente.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que promovió una demanda contra el DNU, afirmó: “Es un fallo excelentemente fundado donde se aplican los precedentes de la CSJ en la materia y queda demostrado que no existe una circunstancia excepcional y que el Congreso no pueda funcionar. Además es una lección sobre cómo se aplica la obra de Alberdi en la actualidad ante el intento del presidente Milei de sustituir al Congreso en la función legislativa”.
Por su parte, Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados porteño y otro de los impulsores de una demanda contra el Decreto impulsado por el gobierno de La Libertad Avanza, aseveró: “Es un comienzo realmente halagüeño que pone de resalto que aún funciona en parte el Poder Judicial”. A su criterio, el fallo de la Cámara del Trabajo “condiciona a todos los demás fueros, en particular al Contencioso Administrativo en orden a que ese Poder Judicial es ‘único’ y no se trata de compartimientos estancos”.
El abogado Fernando Vigo —ex presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas— celebró el fallo y coincidió en que hay situaciones excepcionales que justifican que la Cámara del Trabajo se haya pronunciado por su competencia y por hacer lugar a la cautelar porque “si no, el derecho quedaría reducido a la nada”. “Esperemos que ahora se termine diciendo en el fondo del asunto que el decreto es inválido, ilegal, ilegítimo”, añadió.
A su vez, el constitucionalista Jorge Dieguez consideró el hecho de que la resolución haya salido dos votos contra uno “es un dato a tener en cuenta, ya que, cuando no hay unanimidad, le puede servir al Gobierno para relativizar la legitimidad de la decisión”. “Igualmente —añadió— la jueza que votó en disidencia -por María Dora González- no se pronunció sobre el fondo del asunto (la constitucionalidad del DNU) sino que entendió que debía remitirse el caso al fuero Contencioso Administrativo para que resuelva la cuestión de competencia planteada entre ese fuero y el laboral”.
A la hora de evaluar el voto de la mayoría de la Sala de Feria, integrado por los jueces Alejandro Sudera y Andrea García Vior, el especialista en derecho constitucional dijo: “Es muy bueno. Analiza la constitucionalidad del DNU con todo rigor constitucional. Descarta esencialmente la necesidad y urgencia por entender que el DNU contiene modificaciones estructurales que, como tales, resultan incompatibles con la situación de necesidad y urgencia que existe la Constitución Nacional”.
Y a su término, agregó: “Asimismo, pone de resalto la propia contradicción del Poder Ejecutivo que dicta una norma de necesidad y urgencia pero la pone en vigencia recién nueve días después al omitir fijar la fecha de entrada en vigencia (una contradicción gruesa) y, al mismo tiempo, remitir el DNU al Congreso incorporándolo en el temario de sesiones extraordinarias dentro de la “ley ómnibus”, otra grave contradicción porque: si estás invocando que el Congreso no puede pronunciarse en tiempo útil ¿por qué lo ponés en extraordinarias?”
En tanto, el abogado constitucionalista Félix V. Lonigro pronosticó que la resolución de la Sala de Feria del Trabajo “seguramente será apelada” y, bajo esos parámetros, “si bien cuando el Estado apela una cautelar en su contra, por ley se suspende la decisión judicial apelada (y por lo tanto la norma dejada sin efecto vuelve a tener vigencia), en este caso una apelación del Estado no le devolverá vigencia al DNU, porque la cautelar fue concedida para proteger a ‘sectores vulnerables’ (que aquí serían los trabajadores), y cuando es así, también por ley -N° 26.854- se establece que la norma cuestionada se mantiene suspendida”.
“Igualmente -concluyó Lonigro-, en febrero la Corte intervendrá en la causa iniciada directamente ante ella por la Provincia de La Rioja. Seguramente la Justicia actuará antes que el Congreso para despejar dudas acerca de la vigencia, o no, del Decreto 70/23″.
