El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, contestó el segundo reclamo del máximo tribunal. Reiteró que pueden usar el presupuesto asignado o recursos propios. Los empleados judiciales iniciaron ayer un paro
El gobierno nacional volvió a rechazar el pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que le giren fondos que permitan pagar los aumentos salariales acordados para el Poder Judicial de la Nación. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, le envió una nota a los jueces del máximo tribunal en la que sostuvo que ese incremento lo deben realizar con “los faltantes presupuestarios” que ya tiene asignados o “con recursos propios disponibles” de la Corte Suprema.
“La crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles”, sostuvo Rossi en la que nota a la que accedió Infobae.
La disputa por los fondos comenzó a principio de mayo cuando el máximo tribunal le pidió a Rossi que amplíe las partidas presupuestarias del Poder Judicial para poder afrontar los pagos de los aumentos salariales previstos para abril, mayo y junio de un nueve por ciento cada vez. Y se enmarca en la pelea política por distintos fallos de la Corte Suprema -ayer inhabilitó al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, para ir por un nuevo mandato- y el juicio político que el gobierno de Alberto Fernández inició contra los cuatro jueces.
“La coyuntura económica producto de la sequía ha requerido, en un marco de disciplina necesaria, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles existentes en primer lugar”, respondió Rossi, lanzado esta semana como precandidato presidencial del Frente de Todos.
El jefe de ministro agregó en su respuesta que la Corte Suprema tiene excedentes del presupuesto de este año para pagar los aumentos y que también dispone de un fondo propio de 151.711 millones de pesos en cuentas bancarias y plazos fijos. “Así las cosas, y a la luz de lo establecido en la Ley 23.853 de Autarquía Financiera del Poder Judicial, podría disponerse la recomposición de las partidas dentro del presupuesto vigente y por el monto faltante, de resultar necesario, afectar los recursos disponibles en el fondo anti cíclico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregó.
Pero los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, volvieron a hacer el pedido en una nueva nota que enviaron la semana pasada en la que señalaron que “no se ha dado respuesta” al primer pedido y le dijeron al gobierno que “resulta imperioso y necesario insistir” en el reclamo de los fondos.
Y Rossi volvió a rechazar el planteo. El funcionario volvió a exponer la crisis económica y que el Poder Judicial tiene su propio presupuesto. “Dicho criterio debe primar en un marco de responsabilidad, al modificar las partidas presupuestarias vigentes a los fines de recomponer los salarios para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación, cuestión que corresponde sea atendida”, sostuvo.
El jefe de gabinete señaló que se harán los cambios en las partidas presupuestarias para pagar los aumentos pero siempre con los fondos que ya tiene asignado el Poder Judicial y no nuevos o con los recursos propios de la Corte. “El incremento salarial tendrá que ser atendido también con recursos propios disponibles”, expresó.
La situación genera tensión en la justicia. El gremio de empleados judiciales, que lidera Julio Piumato, comenzó ayer a las 10 horas un paro de 36 horas que se extenderá todo el día de hoy en reclamo del pago de los aumentos. “Estamos defendiendo lo que nos corresponde, estamos defendiendo nuestros derechos! Sin salarios justos no hay justicia, sin salarios justos hay lucha”, sostuvo el sindicalista en su reclamo que incluyó esta semana y la pasada batucadas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales donde están las oficinas de los jueces de la Corte.
Por otra parte, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina señaló en la semana que el rechazo del gobierno nacional “evidencia una clara tendencia negativa atentatoria de la independencia judicial”.
Y al reclamo se sumó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal(CPACF). Su presidente, Ricardo Gil Lavedra, señaló que la regulación de los honorarios de los abogados está atada a los sueldos del Poder Judicial y criticó que el Poder Ejecutivo no habilite las partidas. “En el contexto económico actual que sufre el país no podemos ser rehenes de la disputa política existente entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Los abogados y las abogadas vivimos de nuestros honorarios, que poseen carácter alimentario”, sostuvo el CPACF a través de un comunicado.
