La camarista Ana María Figueroa, que en agosto cumple 75 años, expondrá ante la Comisión de Acuerdos del Senado; el Poder Ejecutivo pidió extender su magistratura por cinco años más
Desfilarán más de una veintena de candidatos a diferentes cargos judiciales, pero la presencia de la camarista Ana María Figueroa, que aspira a continuar en el cargo por cinco años más después de que en agosto cumpla 75 años, se convertirá en el centro de atención de la audiencia pública que celebrará hoy en la Comisión de Acuerdos del Senado.
Figueroa integra la Cámara de Casación Penal y tiene que definir con su voto si el tribunal confirma el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur o si, por el contrario, decide elevar a juicio oral el expediente y le suma, así, un nuevo frente judicial a la vicepresidenta y a sus hijos.
En medio de tan dramática determinación, el Poder Ejecutivo decidió enviar el pliego que extiende las funciones de Figueroa por cinco años más. De no conseguir el visto bueno de la Cámara alta, en agosto debería irse a su casa, jubilada.
Para la oposición, la extensión de la magistratura de Figueroa es la moneda de cambio por el voto para ratificar el sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) que, con los votos de los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, decidió exonerar sin siquiera abrir el juicio a la vicepresidenta y a sus hijos Máximo y Florencia en el expediente sobre los negocios hoteleros en el sur.
Cristina Kirchner y sus hijos se encuentran investigados en la causa Hotesur-Los Sauces por asociación ilícita y supuesto lavado de dinero proveniente de la corrupción usando como pantalla la contratación de habitaciones de los hoteles propiedad de la familia Kirchner.
La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y quedó en minoría en el TOF 5. Sin embargo, el fiscal Mario Villar apeló y le pidió a la Cámara de Casación Penal que reabra la causa, la eleve a juicio oral y, por lo tanto, dé marcha atrás con los sobreseimientos.
Según trascendió en tribunales, los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone ya emitieron su voto. Solo resta que se expida Figueroa, quien ha dejado vencer todos los plazos procesales y ha dejado trascender que no emitirá su veredicto mientras su figura se encuentre en el centro de la escena mediática.
Figueroa figura casi al final de los 23 candidatos a jueces, defensores oficiales y fiscales que expondrán este martes en lo que será la segunda jornada de audiencias públicas convocadas esta semana por la Comisión de Acuerdos, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza).
El tratamiento de los pliegos en comisión comenzó ayer con una extensa jornada de cinco horas en la que desfilaron 24 postulantes y que tuvo algunos cruces políticos entre el oficialismo y la oposición por la situación de inseguridad vinculada al narcotráfico que se vive en Rosario.
Cruce entre Losada y Mayans
El duelo fue protagonizado por la radical Carolina Losada (Santa Fe), anotada como precandidata a gobernadora por Juntos por el Cambio, y el jefe de la bancada oficialista, José Mayans (Formosa), quienes se enfrentaron cuando Román Lanzón defendía su postulación para juez del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario.
En ese momento, Losada pidió la palabra y se preocupó por destacar el consenso entre los legisladores de diferentes signos políticos de Santa Fe para impulsar la sanción en el Congreso de la reforma que tuvo por objeto fortalecer la justicia federal de esa provincia en su lucha contra el narcotráfico, en particular los tribunales y juzgados de la zona de Rosario y sus alrededores.
Mayans no aceptó la versión de Losada y le dijo que, en realidad, las modificaciones habían sido impulsadas por otra senadora, oficialista de Sana Fe, cuyo mandato terminó hace casi dos años. “Pero si quiere figurar como la estrella del proyecto, le hacemos una foto”, remató, mordaz, el jefe de los senadores oficialistas.
“Usted miente”, replicó Losada. “No se haga la estrella”, devolvió gentilezas Mayans, quien volvió a la carga acusando a Juntos por el Cambio de haber demorado el refuerzo a la justicia santafecina al negarse a aprobar la reforma judicial integral que en 2020 impulso el kirchnerismo, proyecto que quedó empantanado en Diputados hasta que perdió estado parlamentario.
