La normativa prevé cómo serán las reglas tributarias y de acceso al mercado de cambios para dos sectores que requieren grandes inyecciones de fondos para desarrollar la actividad. En el caso de hidrógeno verde, se contempla estabilidad fiscal por 30 años y la integración de la cadena local de valor.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso para su discusión dos proyectos de ley para impulsar inversiones en el sector energético. Por un lado, presentó una iniciativa que prepara el terreno para la producción de gas natural licuado (GNL) a partir del gas extraído del yacimiento no convencional de Vaca Muerta; y por otro, un conjunto de reglas para la industria del hidrógeno verde.
Se trata de dos sectores que implican grandes sumas de inversión y que requerían una base normativa para el desarrollo de la actividad, con sus regímenes impositivos y de acceso al mercado de cambios, una de las preocupaciones centrales de las empresas, generalmente extranjeras, involucradas en este tipo de iniciativas.
Días atrás, la secretaria de Energía, Flavia Royón, expuso en el Foro Global de Hidrógeno Verde 2023 que se realizó en Bariloche. En el evento, adelantó este lanzamiento del marco normativo para el sector.
“Como parte de una mirada estructural sobre la matriz energética del país, estamos comprometidos en impulsar el desarrollo del hidrógeno. Elaboramos un proyecto de ley. Ya hemos completado el circuito administrativo y lo enviaremos a Presidencia”, anticipó.
Proyecto de ley de hidrógeno verde
La iniciativa contempla como ejes: incentivos fiscales de promoción de la producción; introducción de certificaciones de calidad, de seguridad y de origen; y fomento al desarrollo de la cadena de valor local. “Con el objeto de incentivar las inversiones, el proyecto incluye medidas como la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, la devolución anticipada del IVA y el establecimiento de un régimen de estabilidad fiscal”, resumió el Gobierno en sus considerandos.
El proyecto de ley de Promoción del Hidrógeno de Bajas Emisiones de Carbono y otros Gases de Efecto Invernadero “propicia la producción y el desarrollo de las cadenas de valor de tres tipos de hidrógeno de bajas emisiones: el que se produce a partir de gas natural con captura de emisiones (azul), el que se produce a partir de electrólisis de agua usando energías renovables (verde) y el que se produce utilizando energía nuclear (rosa); así como sus vectores asociados”, indicó el texto girado al parlamento.
Los beneficios tienen distintos parámetros según el nivel de emisiones del hidrógeno. Así, contarán con mayores beneficios, excluyendo los beneficios a la producción de hidrógeno gris, que no se lo considera de bajas emisiones.
El proyecto de ley de hidrógeno verde tendrá una vigencia de 30 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
“Estos beneficios están sujetos a umbrales mínimos de integración nacional y de actividades de investigación y desarrollo”, mencionó el Poder Ejecutivo.
El régimen para el hidrógeno verde tendrá como meta la producción a lo largo de su cadena de valor, fomentando las inversiones y los desarrollos científicos y tecnológicos. Tendrá una vigencia de 30 años contados a partir de la entrada en vigor de la ley.
“A los fines de aplicar los beneficios fiscales previstos en el régimen, las inversiones realizadas en los proyectos de producción de hidrógeno de bajas emisiones deberán cumplir con una integración mínima de contenido local que se incrementarán a lo largo de los años de vigencia de la norma”, continúa el proyecto.
“Los compromisos varían según se trate de plantas de producción de hidrógeno verde incluyendo equipos electrolizadores y sus parques de generación de energía eléctrica de fuente renovable vinculados; plantas de reformado de gas natural cuyo destino exclusivo sea la obtención de hidrógeno azul y el equipamiento destinado a la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero; o plantas de producción de hidrógeno rosa, incluyendo equipos electrolizadores y plantas de generación de energía de fuente nuclear”, prosigue.
El proyecto, además, prevé crear la Agencia Nacional del Hidrógeno (AgenHidro) como organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía, con la responsabilidad primaria de asesorar en materia técnica y regulatoria.
Respecto del acceso a divisas, la norma apunta a que las empresas acceden al 50% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas al proyecto para ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior.
“El Ministerio de Economía podrá incrementar el monto de libre aplicación en proporción a las exportaciones incrementales de la cadena de proveedores del titular del proyecto, en las formas y condiciones que establezca la normativa complementaria”, concluye el texto.
