Desde el sector privado le apuntan a Sergio Massa por enviar a patotas sindicales para intimidarlos. Al mismo momento, se negocia la prórroga del acuerdo de precios.
“Nos llamaron para pedirnos que pongamos el hombro. Lo pusimos aun cuando nos significa pérdida. Tiramos un centro y nos devuelven un adoquín. Confiamos en el Gobierno y la respuesta es desconfianza.” Así se despacha un importante empresario argentino que firmó “Precios Justos”, enojado por el aval del Gobierno a la decisión del sindicato de Camioneros de salir a controlar el cumplimiento del programa.
La inserción de Pablo Moyano al programa de acuerdo de precios en calidad de “controlador” tensó la cuerda entre el Gobierno y el sector privado justo cuando el ministerio de Economía busca convencer a los empresarios de prolongar el acuerdo hasta fin de año. Como si fuera poco, otro que se sumó a la movida de control es la organización social Barrios de Pie, que responde al dirigente Daniel Menéndez, quien además es funcionario del poder Ejecutivo nacional.
Todo esto aprobado por el ministerio de Economía. De hecho, Sergio Massa relativizó el asunto. Dijo que el sindicato “no controla, sino que abastece el proceso de información”.
Pero el propio comunicado del sindicato de camioneros lo corrige y habla de control: “Es de suma importancia que los grandes centros de distribución cumplan con el abastecimiento y así garantizar que los productos se encuentren en las góndolas; a tal fin el Sindicato de Camioneros, luego de reunirse Pablo Moyano con el secretario de Comercio, comenzaron un trabajo en conjunto donde se realizan los controles en diferentes centros de distribución cómo es Coto, Carrefour y Disco, entre otros. El objetivo es garantizar la implementación del programa y así cuidar el poder adquisitivo de todas y todos los argentinos”.
Como si fuera poco, este lunes el mismísimo Pablo Moyano, en una entrevista radial, sentenció y no dejó lugar a dudas: “Massa y Tombolini nos pidieron una colaboración para controlar los centros de distribución”.
Distinto es el caso de Barrios de Pie, la organización social que conduce Daniel Menéndez, Subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Barrios de Pie tuvo una reunión con Tombolini y se ofreció a trabajar como promotores de la app con la cual los propios consumidores pueden controlar precios. “Nosotros no vamos a ir a vigilar a nadie. Solo vamos a ayudar a difundir el uso de la aplicación”.
Es cierto que Menéndez, comparado con Moyano, cultiva un perfil moderado en lo que hace a las relaciones con el establishment. “Con Menéndez se puede hablar. No es agresivo. Eso ya es un montón”, cuenta un empresario del rubro alimentos.
Hay en el sector privado quienes creen que el gobierno -en el afán de “mimar” a Moyano- genera la sensación de problema para justificar su necesidad de meterse. Salen a instalar un supuesto problema de desabastecimiento “diciendo que es culpa de las empresas y las alimenticias, diciendo que los supers piden de más”, cuenta un referente de una importante corporación de alimentos. Y agrega: “eso lo generan desde la Secretaría”.
La molestia privada obedece a dos cuestiones centrales. La primera está atada a un debate ideológico. Moyano hijo es un habitual cuestionador del empresariado al que acusa de codicia y no-colaboración.
De hecho, la semana pasada cargó con agresividad contra el flamante Jefe de Asesores del Gobierno de la Nación -y ex CEO de Syngenta- Antonio Aracre, quien osó sugerir la necesidad de debatir un nuevo marco jurídico para el sistema de contratación laboral que permita la incorporación de los trabajadores al mercado formal. Moyano le dijo de todo. “Salí a la calle hermano, pelate el culo como se lo pelan los trabajadores camioneros dejando a su familia días y días para llevarse un mango más a su hogar”.
Lo calificó de “técnico que nunca habrá salido de una oficina” y agregó: “Seguramente nunca subió a un camión, nunca agarró un cepillo para barrer una empresa con lluvia o con calor, o nunca habrá entrado a una empresa a laburar. (...) …no podemos aceptar que estos tipos, que en la puta vida sufrieron la persecución o la explotación de los empresarios, hoy vengan libremente a decir ‘yo voy a presentar un proyecto de reforma laboral’.
Los empresarios creen que el Presidente de la Nación debería “ponerle un freno” a Moyano. Pero no confían en que vaya a hacerlo: “No tuvo coraje para bancar públicamente a Aracre; lo llamó a integrar el Gobierno y a los dos días lo dejó solo. No llama la atención que ahora con su silencio avale esta locura de controlarnos a los empresarios”.
De hecho, Moyano subió la apuesta apenas comenzada la semana y le pegó al empresariado. “Los empresarios encanutan la mercadería y después remarcan los precios”.
La segunda cuestión obedece al orden de la técnica y de la confianza. Para los empresarios, el propio programa provee un mecanismo de control ciudadana. Se refieren a la aplicación (disponible tanto en IOS como en Android) con la cual la gente, con el celular, puede controlar el cumplimiento del acuerdo de precios.
“No sé qué viene a hacer Pablo Moyano. No me jodas (sic) con que quiere chequear que se cumpla el acuerdo. Lo que buscan es apretarnos”.
Dos asuntos se desprenden de eso. Por un lado el vínculo de confianza que existe entre el ministro de Economía y el sector privado: “Si decís que confiás en mí no necesitás mandarme un perro guardián a vigilarme”. Por otra parte, hay una cuestión técnica ya que el control formal del cumplimiento del programa depende del sector público. “Las funciones del Estado son en este plano indelegables, al tercerizar las responsabilidades de inspección y control en materia de abastecimiento, no es propio del Estado de derecho”, sostuvo el titular de la UIA y de la cámara de industrias alimenticias COPAL, Daniel Funes de Rioja.
Dura tarea la de un gobierno que ahora busca extender el programa (que finaliza en febrero) hasta fin de 2023. “¿Mandando a Moyano a controlarnos? ¿Esa es la manera de venir a pedirnos que extendamos el acuerdo hasta fin de año?”, se pregunta un alto referente del sector privado.
