La presidenta de dicha comisión, Carolina Gaillard, insiste en la citación a los jueces de la Corte Suprema y no descartó el uso de la fuerza pública: "Está en ellos venir o no"; confirmó que en las próximas horas estará ingresando el proyecto del Ejecutivo.
El proyecto de juicio político al presidente y el resto de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que impulsa Alberto Fernández sigue su marcha y en las próximas horas ingresará en la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados.
Así lo aseguró la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político en la Cámara Baja, que explicó cuáles serán los pasos que seguirá el proyecto.
En una entrevista con Radio10, insistió en la posibilidad de citar a los jueces, pero aclaró que "está en ellos venir o no".
"En estos días estamos ingresando formalmente el proyecto que nos entregó el Presidente, y una vez que esté la convocatoria a sesiones extraordinarias convocaremos a reunión de comisión para tratar el tema", dijo la legisladora.
Gaillard enumeró cuáles son los pasos que debe seguir el proceso de juicio político en la Comisión que preside, y que son fundamentales para que el proyecto llegue al pleno de la Cámara Baja para su votación.
"El proceso se lleva adelante de la siguiente manera: se realiza una reunión de comisión, una primera reunión para analizar la verosimilitud de las denuncias realizadas. Se dictamina abrir la etapa de prueba, y una vez que se abre la etapa de prueba se empieza a producir toda la prueba para formular luego la acusación o no", relató la diputada por Entre Ríos.
"Ese es el segundo dictamen, es el que analiza la comisión y va luego al pleno de la Cámara y debe aprobarse por la mayoría especial de dos tercios de los presentes", añadió.
Gaillard aclaró también en que consiste la citación de los acusados al Congreso, un tema que ya había sido confirmado por el presidente de la bancada oficialista en Diputados, Germán Martínez, y por el diputado Leopoldo Moreau.
"Respecto a los denunciados, en este caso los jueces del máximo tribunal, son convocados una vez producida toda la prueba para informarles y que hagan el oportuno descargo de la manera que ellos consideren conveniente, ya sea oral o por escrito", indicó la diputada.
"Nosotros vamos a pedir que se presenten porque es garantizar el derecho de defensa de ellos. Está en ellos venir o no, pero por supuesto que se los va a convocar", agregó.
Luego de dejar en claro que durante el proceso de investigación "como prueba se puede pedir toda la prueba que existe en el Código Procesal Penal", la diputada explicó qué puede suceder en caso de que algún testigo sea citado a declarar y no se presente ante la Comisión.
"Nosotros tenemos la facultad de convocar a todos los testigos que consideremos para esclarecer la verdad o producir toda la prueba que sea necesaria para esclarecer la verdad. Eso es lo que está en el reglamento de la Comisión", señaló.
Gaillard explicó que ante la negativa a concurrir a dar testimonio se puede solicitar a una autoridad judicial que evalue ir a buscarlo con la fuerza pública.
"Pero en el caso de que sean funcionarios tienen sanciones disciplinarias en sus respectivos organismos de los cuales dependen. En el caso de que un juez no se presente, tiene sanciones disciplinarias del Consejo de la Magistratura, por ejemplo", concluyó.
Está previsto que este lunes o martes ingrese a la Comisión de Juicio Político el pedido del Gobierno contra los jueces de la Corte Suprema.
En esa comisión, que es dominada por el oficialismo (cuenta con 16 diputados propios sobre un total de 31) evaluarán los fundamentos de la petición y deberán votar para abrir el sumario que dé inicio a la investigación.
El Frente de Todos busca apurar todo lo posible el procedimiento para incluir el tema en las sesiones extraordinarias de este verano.
Si bien al oficialismo le alcanza para abrir el debate en comisión y emitir dictamen, aprobarlo en la Cámara de Diputados es una misión imposible, ya que necesita dos tercios de los votos y nos los tiene.
Igualmente, buscarán exponer el tema ante la opinión pública en una maniobra que apunta a desgastar a los jueces del máximo tribunal.
