En el balance de la postpandemia la deuda pública argentina creció en u$s61.003 millones desde noviembre de 2019, y deberá ser abonada de cara a años con bajo crecimiento. Sin embargo, desde el gobierno festejan que debido a una recuperación económica, producto del efecto rebote, se habría reducido la deuda en términos de PBI
Desde su asunción y hasta noviembre del año pasado, el Gobierno del Frente de Todos incrementó la deuda pública en un total de u$s61.003 millones, llevando la misma al máximo histórico de u$s384.668 millones. A ello, deben sumarse también los últimos desembolsos de u$s6.000 millones del FMI otorgados en diciembre.
La cuenta que hacen en el gobierno es que gracias al crecimiento económico pospandemia -el efecto rebote- de 10,3% en 2022 y que finalizará en alrededor de 5% este año, la deuda en relación al PBI se encontraba para el segundo trimestre de este año,en el 79,1% del PBI, lejano al 103,9% del pandémico 2020 cuando la actividad económica estuvo prácticamente paralizada
Esta reducción de la deuda en términos de PBI, también está unos puntos alejada del 89,8% correspondiente al récord previo del gobierno de Mauricio Macri. Las confusas cuentas del gobierno generan fuertes interrogantes de cara al futuro.
Sucede, por un lado, que el propio acuerdo con el FMI da cuenta de un bajo crecimiento del PBI para los próximos años, y por el otro, que si bien la totalidad de la deuda tomada por el Gobierno es en moneda local, debido a la crisis y cierre de los mercados internacionales, la misma se encuentra expresada, por encima del 70%, en bonos ajustables.
En relación al balance de deuda sobre PBI, si bien el crecimiento económico y la correspondiente disminución del ratio de deuda sobre PBI podría permitir que los altos niveles de endeudamiento sean sustentables, lo cierto es que las mismas previsiones del FMI dan cuenta de un crecimiento de solo el 2,5% al 3,5% en 2023, del 2,5% al 3% en 2024, e incluso por debajo del 2,5% hasta 2027, todo lo cual complejizará la posibilidad del Estado de captar excedentes para el pago de los compromisos asumidos.
En tanto, si bien desde la asunción del gobierno de Alberto Fernández la totalidad de la deuda emitida fue en pesos, a excepción de los aportes del FMI, la misma lejos de ser “blanda”, y tal como se deprende del informe “Estructura de la deuda bruta” del Ministerio de Economía, se expresaba mayormente, es decir por encima del 60%, en deuda ajustada por inflación (CER), todo lo cual imposibilita que la misma se “licue” con el paso del tiempo.
Este es el cuadro con el que el país inicia un 2023 marcado también por las elecciones y las dudas sobre la renovación de la deuda que enfrentará este año, que de todas formas comenzó de modo favorable gracias al canje que realizó este martes el Tesoro, en el que logró extender vencimientos por casi $3 billones que debía afrontar en el primer trimestre.
