En principio habían doce firmas de los mandatarios provinciales peronistas al pie del documento, junto a la del presidente, pero el gobernador de Entre Ríos asegura que "nunca admitió acompañar", a pesar de haber participado de la reunión en la que escuchó los argumentos
La Casa Rosada había difundido un documento oficial donde figuraba el nombre del jefe provincial. Un vocero del mandatario provincial salió a aclarar que no había sido así, pero el Gobierno insiste en que sí había confirmado su apoyo a la polémica medida
Una polémica inesperada se suscitó en las últimas horas entre la Casa Rosada y la provincia de Entre Ríos, que conduce Gustavo Bordet, por el apoyo al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que presentará mañana Alberto Fernández en el Congreso. Y es que el Gobierno Nacional difundió, de manera oficial, el documento con el pedido contra los integrantes del máximo tribunal por mal desempeño con la firma de 12 jefes provinciales, entre ellos, el mandatario entrerriano.
Pero poco después, el propio gobernador, aliado del Presidente, salió a despegarse, al decir que si bien habia escuchado sus argumentos, nunca había admitido acompañar la medida.
Menos de dos horas de que la oficina de la Portavoz publicara el documento con los nombres de los gobernadores, desde la sede gobernación de la provincia avisaron que, al igual que otros tres caciques del PJ, no apoyaban la polémica determinación del Presidente. Sobre los motivos, apenas estimaron que se había debido a “un error” del Gobierno, a raíz de que Bordet había participado del encuentro del Presidente con los jefes provinciales, este mediodía.
En la Casa Rosada, en cambio, no admitieron una equivocación, y sostuvieron que Bordet sí aprobó que figurara su nombre. “Él habló con el Presidente antes de que empezara la reunión y le dijo que acompañaba, y estuvo presente toda la reunión por Zoom, donde se decidió la firma, y nunca dijo que no firmaba. Ahí quedaron que los que no estaban ahí la mandaban digital. Tampoco ahí dijo que él no”, dijeron en el entorno del primer mandatario.
Con la quita de la firma de Bordet, la cantidad de mandatarios provinciales que apoyan son 11, lejos de la mayoría que había proclamado el Gobierno, si bien se trata de una proporción importante de referentes de los Ejecutivos peronistas del interior.
Además de la firma del Presidente, aparecen al pie del documento los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Pero decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines y representantes del PJ en San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.
Incómodo, Bordet evitó dar explicaciones sobre su postura. Aliado del cordobés Juan Schiaretti, el único peronista que se posiciona como férreo opositor del gobierno nacional, y del santafecino Omar Perotti, que tampoco apoyó el pedido de juicio político, el entrerriano suele evitar asociarse con el Gobierno en los temas más polémicos, y resguarda las relaciones políticas en el interior del país y su imagen a nivel local.
De hecho, es uno de los jefes provinciales que decidió adelantar las elecciones este año para separarlas de las nacionales. Sin posibilides de reelección, su espacio está amenazado por el avance de Juntos por el Cambio en las encuestas, con el liderazgo del ex ministro de Interior de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio.
Además, la Corte Suprema tiene en sus manos el caso de Cecilia Goyeneche, la subprocuradora que tenía el rol de fiscal anticorrupción en la provincia, y que había impulsado la causa en la cual fue condenado el ex gobernador, Sergio Urribarri, y había investigado presuntas irregularidades en el manejo de fondos en la legislatura local. Fue desplazada de su cargo por un Jury de enjuiciamiento, acusada de imparcialidad en una causa, pero presentó un recurso extraordinario que llegó al máximo tribunal en agosto. La ex fiscal acusó al gobernador de intervenir en su destiticuón, algo que él niega.
