Es un beneficio extra del programa Ahora 30 para adquirir televisores 4K, celulares, lavarropas y heladeras, entre otros artículos. Cómo funcionará.
El presidente, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvieron un encuentro para terminar de definir una serie de medidas contra la inflación. Según trascendió, en una charla que duró poco menos de una hora, abordaron detalles sobre la ley de Presupuesto, el bono especial a los sectores vulnerables y un cambio sobre el plan Ahora 30 para la comprar de electrodomésticos y electrónicos, que se extendería a 42 cuotas fijas en el caso de los jubilados.
El nuevo plan Ahora 30 que relanzará esta misma semana y permitirá comprar en 30 cuotas fijas televisores, acondicionadores, celulares, heladeras y lavarropas estará vigente por 60 días y contempla una tasa del 48%, como parte de un acuerdo con los bancos, cadenas, fabricantes y grandes supermercados. Y marca el retorno de los celulares a un programa de estímulo oficial al consumo, ya que la categoría fue retirada del Ahora 12 hace exactamente 2 años.
Ahora 30 (y su extensión a 42 para los jubilados) llega en un momento complicado para la electrónica, muy afectada por la suba de precios, las trabas a las importaciones y el encarecimiento del crédito. Se trata de programa de dos meses, que fabricantes, importadores y marcas internacionales deben adherir precisando los productos que ofrecerán y a qué precios.
De este modo, la gente podrá comprar televisores de 50", 55" y 58" pulgadas de tecnología 4K, celulares de gama baja y media, aires acondicionados de bajo consumo, lavarropas y heladeras. Siempre y cuando sean ensamblados o producidos en el país. La administración estará a cargo del secretario de Comercio, Matías Tombolini, que trabaja en paralelo con el armado de Precios Justos, una nueva canasta de productos masivos, que ya genera controversias.
La todavía difusa propuesta de compensar con un "dólar góndola" o flexibilizar el cepo a las importaciones para acordar el plan "Precios Justos" generó mucha confusión en la industria del consumo masivo. Tombolini, dijo que está dispuesto a ofrecer incentivos a cambio de congelar por 3 o 4 meses los precios, sin dar precisiones. También exige que los productos tengan los precios impresos en el envase, algo que para algunas empresas "es muy dificultoso" y para otras, "inviable".
La canasta de Precios Justos tendrá entre 1.500 y 2.000 productos y servirán para establecer precios de referencia para el consumo básico: alimentos, bebidas, tocador y limpieza. La idea del acuerdo es "construir previsibilidad en la góndola" y comprenderá "a las 20 o 30 grandes compañías formadoras de precios que representan el 65% del consumo masivo".
Todo con el fin de contrarrestar la alta inflación, que las consultoras privadas prevén por arriba del 100% para 2022. "Quieren fijar precios por 90 o 120 días y ofrecen incentivos a medida de cada empresa, como acceso al dólar o permisos para girar dividendos al exterior, pero no hay nada concreto", señalan desde el sector privado.
En los últimos días, desfilaron por el despacho de Tombolini altos ejecutivos de Coca-Cola, Mastellone, Aceitera General Deheza, Quilmes, Pepsico, Arcor, Nestlé y Molinos. En líneas generales, se les pidió que eleven ideas y propuestas de productos para lanzar el programa el mes próximo."No tenemos reparos en apoyar, pero ya aclaramos que lo de etiquetar el precio es imposible. No dan los tiempos", confió a Clarín una fuente empresaria.
Tombolini justificó la implementación de una nueva canasta de precios regulados. Dijo que "la velocidad de acumulación de las empresas, en términos de sus ganancias, ha ido muy por encima de la evolución de los salarios. Es esa ganancia diferencial la que permite también generar las condiciones para aspirar a este programa".
La idea parece sintonizar con los reclamos del ala dura del kirchnerismo. Incluso la propia Cristina había dicho que el aumento de la indigencia era producto del fuerte aumento en los alimentos” y había advertido sobre los márgenes de ganancia de las alimenticias, sobre las que había que hacer una intervención "más precisa y efectiva".
Las empresas rechazan sobre todo, algunas con mayor énfasis que otras, el etiquetado de precios. El objetivo del Gobierno es que Precios Justos llegue a todos los canales de comercialización (almacenes, autoservicios, comercios de proximidad) y no sólo a las grandes cadenas, que concentran apenas un tercio del total de las ventas de productos básicos.
Sobre la puesta en marcha de Precios Justos, Tombolini explicó que se está intentando abordar diversas "cuestiones de carácter operativo". Agregó que "será en etapas porque hay productos de alta rotación donde ahí será más fácil avanzar con el precio en el 'packaging', mientras que aquellos otros con rotación menor y más 'stockeados' en los supermercados tal vez tengan una llegada en alguna semana posterior".
Dato curioso porque el proyecto de Tombolini es lanzar un congelamiento de precios acordado con las empresas, algo que el propio Sergio Massa, su jefe directo, lo descartó. Días atrás dijo "eso no funciona" frenar a la inflación, porque "es como pisar una manguera, el agua está".
Otro aspecto que preocupa es el desabastecimiento, tal como ocurre con Precios Cuidados. Desde el supermercadismo advierten que el nivel de cumplimiento promedio ronda el 45%, es decir que los proveedores entregan menos de la mitad de lo que piden las cadenas. "Desde hace un año que venimos advirtiendo que hay muchos faltantes", subrayan fuentes del sector. El propio Tombolini negoció achicar la lista de Precios Cuidados a cambio de garantizar el normal abastecimiento de mercadería
