La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dejó vacante el cargo.
Las alarmas en el Gabinete de Alberto Fernández se encendieron este jueves por la tarde cuando Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, presentó su renuncia al cargo tras las críticas que realizó sobre el operativo del Gobierno en el desalojo y detención de mujeres mapuches en Villa Mascardi. Elizabeth Gómez Alcorta fue abogada de Jones Huala durante el juicio de extradición a Chile de uno de los representantes de los mapuches en la Patagonia, además de ser abogada de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
"La situación es sumamente preocupante. Desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujer indígenas", afirmó Gómez Alcorta en relación a lo sucedido en el marco de las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez.
Se trata de la causa en la que dispuso "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como usurpados en la zona de Villa Mascardi, uno de ellos de Parques Nacionales y los demás de particulares.
En ese marco, Gómez Alcorta detalló que entre las siete mujeres detenidas se encuentra "una líder espiritual", dos de ellas se encontraban con "sus niñes muy pequeñitos" y había una mujer embarazada de cuarenta semanas "y con algunos temas de presión alta". "Inmediatamente, el ministerio y otros organismos buscamos la información que era confusa en un primer momento. Sabíamos que se habían presentado varias excarcelaciones. Presentamos un escrito en la causa haciendo saber el riesgo que corría esta mujer embarazada que se llama Romina, manifestando la preocupación por el riesgo de su vida. Tomamos conocimiento ayer que se rechazaron todas esas excarcelaciones", afirmó este jueves por la mañana.
En ese marco, advirtió que se trata de "mujeres que están incomunicadas hace 48 horas" y consideró que "lo más grave" es que estos pedidos de excarcelaciones "fueron rechazados por una cuestión formal de que no tienen designados abogados o abogas particulares". Según informaron este jueves fuentes de fuerzas federales, cuatro de las mujeres detenidas durante el operativo de desalojo llevado a cabo este martes en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, fueron trasladadas en las últimas horas por orden judicial al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.
En tanto otras dos mujeres no fueron trasladadas debido a que ambas tienen bebés de pocos meses y son lactantes, por lo que "continuarán restringidas en las dependencias que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche", según lo resuelto por la justicia. Una séptima mujer, que cursa un embarazo avanzado, quedó por su parte internada en el hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche
Al referirse a las detenidas, Gómez Alcorta indicó que la "falta de asignación está vinculada a la incomunicación" de las detenidas, lo cual constituye "un círculo perverso". "No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho", criticó.
Además, contó que el miércoles se dispuso "el trasladado de cuatro de las mujeres a la cárcel de Ezeiza" con la justificación de que no hay cárcel de mujeres en la zona por lo que, en este momento, "hay cuatro mujeres a 1.500 kilómetros de donde viven sin haber tenido contacto con un abogado o abogada". En tanto, remarcó que lo más grave "es que no se sabe aún hoy qué es lo que se les imputa".
"La mujer que estaba embarazada supuso que empezaba con trabajo de parto. Nosotros tenemos la ley del parto respetado, humanizado que permite que todas las mujeres y personas gestantes estén con una persona de confianza y a parir teniendo en consideración las pautas culturales y esto no se permitió", lamentó. Gómez Alcorta remarcó que el ministerio está interviniendo y que hay una coordinadora del ministerio en Bariloche, pero que se trata de "actuaciones pura y exclusivamente ordenandos por la jueza" y que el ministerio "no forma parte del proceso, ni tiene acceso al expediente judicial".
"Nuestro rol desde el ministerio es resguardar a todas las mujeres. Nos preocupamos particularmente por las que viven en nuestro país cuando se encuentren con violaciones a sus derechos y estamos en un caso de esa naturaleza", completó.
