Por decreto, en 2017 y 2021 se establecieron rebajas de costos en las relaciones laborales. Ahora, según anticipó Sergio Massa, se prevé establecer algo similar a esas medidas dispuestas en el pasado.
Aun año de haber derogado un decreto del expresidente Mauricio Macri y en el último mes de vigencia de otra medida del Poder Ejecutivo establecida en la actual gestión –ambas normativas referidas al mismo tema–, el Gobierno decidió, por impulso del ministro de Economía, Sergio Massa, insistir en el intento por lograr que, con la zanahoria de una baja de los costos laborales, personas que cobran planes sociales se inserten en un empleo formal dentro de una empresa privada.
El nuevo decreto dispondrá que el trabajador pueda seguir recibiendo el ingreso otorgado por un plan estatal, ya iniciada la relación de trabajo, durante un período que sería de 12 meses. El empleador deberá completar el monto para llegar, al menos, al salario del convenio.
El último día de este mes de agosto, por su parte, pierde vigencia lo establecido un año atrás por el decreto 493: una reducción de 90% o de 95% de las contribuciones sociales (también con la excepción de los pagos enumerados en el párrafo anterior), por un plazo de 12 meses, para las relaciones de trabajo que involucren a beneficiarios de planes, y la posibilidad de considerar el pago del Estado a cuenta del salario que el empleador debe abonar.
Esa medida del Poder Ejecutivo de agosto de 2021, complementada luego por el decreto 711, dispuso derogar el decreto 304, que en mayo de 2017 había creado el Programa de Inserción Laboral o plan empalme, por el cual el monto de un plan cobrado por un trabajador podía tomarse a cuenta de las remuneraciones durante 24 meses, con la condición de que la empresa que fuera parte de la relación laboral no redujera el número de trabajadores respecto de una fecha determinada.
La aceptación de la registración laboral por parte de personas que son beneficiarias de planes, por su parte, es un tema que, entre otros factores, depende del diferencial de ingresos entre los montos del sistema formal (remuneraciones y asignaciones familiares) y los del esquema de programas del Estado para desocupados (que, en la práctica, alcanza también a informales, por lo que deben sumarse en el segundo caso esos ingresos laborales también).
