El juez Diego Luciani pedirá la condena de la vicepresidenta por entre 10 y 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos en el marco de la causa por el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.
En las últimas horas, los cristinistas dispararon una movida de victimización con documentos y solcitadas en donde denunciaron una “persecución judicial”.
Cuando su exposición termine, habrán sumado unas 80 horas trazando un recorrido de presuntas conductas ilegales, revisando licitación por licitación, contrato por contrato, auditoria por auditoria, hasta concluir que toda la operatoria de Austral Construcciones fue dirigida para obtener fondos públicos, sin trabas ni controles, pues consideraron probado que los Kirchner se ocuparon de diseñar dentro del Estado un sistema a la medida de su plan criminal.
Durante 8 jornadas, los fiscales se detuvieron a describir los delitos que impulsarán su petitorio: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Con un registro didáctico, fueron enfáticos al presentar su hipótesis, sin escatimar en ejemplos ni comparaciones, con el propósito de que cualquier persona que accediera a ver su presentación pudiera comprenderla, y quizás, indignarse junto con ellos.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reforzaron el viernes sus alegatos para sostener que Cristina Kirchner fue la “jefa de una asociación ilícita” que llevó adelante un “plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos” del Estado, y ahora se espera que este lunes finalicen sus presentaciones con los pedidos de condena para la vicepresidenta y el resto de los 13 imputados en la causa conocida como “Vialidad”.
“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, insistió Luciani al exponer de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Luciani repasó todos los elementos tendientes a ratificar su hipótesis, que indica que entre 2003 y 2015 existieron maniobras para direccionar los fondos destinados a la obra pública en Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez.
La fiscalía podría solicitar la pena máxima
El viernes pasado Diego Luciani se refirió a la calificación penal de las conductas atribuidas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez; el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el Director Nacional de Vialidad, Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.
El fiscal consideró que “cuando existen acuerdos espurios entre empresarios y funcionarios, que perduran en el tiempo con el fin de manipular, direccionar, avasallar la rectitud de las licitaciones públicas, con el consecuente saqueo de las arcas del Estado, como ha ocurrido en este caso, es perfectamente posible y adecuado encuadrar las acciones delictivas, en el delito de asociación ilícita”. A su vez, el fiscal Sergio Mola delineó el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Este lunes Mola y Luciano formalizarán sus pedidos de penas para Cristina Kirchner, Lázaro Báez; López; el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros. El juicio continuará luego con la instancia de alegato de los abogados defensores y recién a fin de año se podría conocer la definición de los integrantes del TOF 2.
