El organismo, que conduce Félix Crous y es uno de los querellantes, renunció a ese rol. Los alegatos comenzarán el 11 de julio.
La Oficina Anticorrupción (OA) no acusará a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio donde está señalada por un presunto direccionamiento de las obras públicas viales de Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez, ya que decidió renunciar como querellante en el proceso.
De esta manera, el organismo encargado de investigar posibles delitos de funcionarios y controlar sus declaraciones juradas, no participará de los alegatos del juicio oral que está previsto que comiencen el 11 de julio próximo. Antes de fin de año se conocería la sentencia del Tribunal Oral Federal 2.
La otra querella estatal que queda en la causa es la de la Unidad de Información Financiera (UIF), que aún no informó si alegará.
"No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita (al Tribunal) que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante, oportunamente asumido y se dé baja del sistema Lex 100 a los letrados intervinientes", indica el escrito firmado por el abogado del organismo, Sergio Aleo, y enviado a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, del tribunal oral.
La nota menciona una decisión de Félix Crous, titular de la OA, del 19 de octubre de 2020, donde explica los motivos por los cuales la OA desistiría de las querellas criminales.
Allí se señala que el rol de la acusación en la causas lo desarrollan los fiscales, que la OA tiene entre sus funciones la prevención de la corrupción y la investigación, y que el área de litigios fue sobredimensionada durante la gestión de Cambiemos en desmedro de otras áreas.
“Se ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, destaca aquella resolución oficial de la OA, que ya se había corrido formalmente del proceso por Los Sauces y Hotesur, los casos por lavado de dinero contra la familia Kirchner que se encuentran bajo análisis en la Cámara de Casación.
Ahora, formalmente, decidió no alegar en contra de la vicepresidenta en la etapa final del juicio por la presunta corrupción en los 51 contratos que recibió el Grupo Austral.
Cristina Kirchner se enfrenta a la posibilidad de que la fiscalía le pida una condena de entre 5 y 16 años de prisión en el caso, de acuerdo con la escala penal de los delitos por los que se la juzga: jefa de asociación ilícita y fraude al Estado, en una causa que se encamina a su resolución final en las próximas semanas.
La causa tiene trece imputados. La vicepresidenta está procesada como jefa de una asociación que defraudó al Estado en 46.000 millones de pesos, al favorecer con obra pública vial a su ex socio comercial Lázaro Báez.
De acuerdo con la investigación, Cristina Kirchner y "otros funcionarios de distintas reparticiones del Estado y a Lázaro Báez”, se dedicaron, entre 2003 y 2015, “a cometer delitos indeterminados para sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, en principio, a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”.
