El exgobernador de Entre Ríos fue condenado en abril a 8 años de prisión por un supuesto desvío de fondos públicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto aceptó este martes la renuncia de Sergio Urribarri como embajador argentino ante Israel y ordenó su traslado al país, luego de haber sido condenado en primera instancia a 8 años de cárcel por supuestos delitos contra la administración pública. La medida, que llevó la firma del Presidente y el Canciller, Santiago Cafiero, fue publicada en la última actualización del Boletín Oficial.
En una carta publicada este lunes , el exgobernador de Entre Ríos aseguró que los hechos por los que fue condenado se trataron de “actos de gobierno no judiciables” y compartió los argumentos del jurista Eugenio Raúl Zaffaroni respecto a la sentencia en su contra.
Además, repasó los hechos por los que fue juzgado y destacó que fue condenado por "la instalación de un parador en una playa de Mar del Plata para difundir el turismo, por la contratación de carteles en rutas y cuatro spots para comunicar acciones de gobierno y por la publicación de un aviso y de una solicitada contra los fondos buitre".
"Con este fallo arbitrario se abre en Entre Ríos una puerta muy peligrosa hacia la persecución y la judicialización de la política", evaluó Urribarri y prometió "seguir batallando" para frenarla. "No quiero que en mi provincia todo lo que haga un concejal que quiere ser intendente, un intendente que quiere ser gobernador o un gobernador que quiere ser presidente pueda ser pasible de una condena penal", aseguró.
La condena contra Sergio Urribarri
El pasado 11 de abril, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública cometidos durante su gestión como gobernador de Entre Ríos entre 2007 y 2015. La determinación fue tomada por los jueces José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón, integrantes del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la provincia de Entre Ríos.
Además, los magistrados le aplicaron al exmandatario provincial una inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, y una multa de 180.000 pesos. Tras conocer la sentencia, el funcionario puso a disposición su renuncia, la cual fue aceptada por el Presidente.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado 12 años de cárcel para Urribarri por “negociaciones incompatibles con la función pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los fiscales calcularon una malversación total que superó los 7 millones de dólares.
