Como si su resistencia a colaborar con la justicia no fuera suficiente, anunció que hizo una copia del disco duro y lo dejó en manos de una escribanía, lo que implica que habría entregado a terceros información que la ley de procedimiento tributario obliga a mantener en secreto a los funcionarios del ente recaudador.
Jaime Mecikovksy, el exsubdirector de Operaciones Impositivas de la AFIP que es investigado penalmente por el hostigamiento fiscal a Cristina Fernández de Kirchner y su familia durante el gobierno de Cambiemos, se negó a entregar la computadora que todavía utiliza en su trabajo ante un requerimiento judicial que debía ejecutar el propio organismo. No sólo eso: anunció que hizo una copia del disco duro y que lo dejó en manos de una escribanía, lo que implica que habría entregado a terceros información que la ley de procedimiento tributario obliga a mantener en secreto a los funcionarios del ente recaudador. A raíz de esta situación se le abrió un sumario administrativo, pero el episodio podría tener derivaciones más graves todavía.
La semana pasada, la AFIP presentó en el expediente a cargo del juez Julián Ercolini y de la fiscala Paloma Ochoa la copia de un e-mail revelador como prueba emitido por Mecikovsky en el año 2016, como informó PáginaI12. “Hablaré con la UIF, quiero trabajarlos directamente con la hipótesis de lavado para que no puedan zafar con blanqueo y moratoria… Flor K es contribuyente de quién?”, decía el texto, que deja a la vista que existía una matriz de persecución por la cual no todos los contribuyentes recibían el mismo trato pero que, además, se buscaba la manera de generar acusaciones penales y, en el caso de CFK, la apuesta era que fuera presa. Hay una amplia gama de irregularidades de este tipo y formas de hostigamiento también a ciertos empresarios que fueron detectadas en las auditorías llevadas a cabo por la actual gestión, a cargo de Mercedes Marcó del Pont.
A raíz de la entrega de esa documentación en la causa, Ochoa le ordenó a la AFIP la preservación de todos los correos electrónicos enviados y también recibidos por Mecikovksy. Es decir, el organismo debía garantizar el cumplimiento de la medida. Así fue que funcionarios de la propia AFIP tuvieron que ir a requerirle a Mecikovsky --que hoy trabaja en los almacenes del organismo--, su computadora laboral. "Lo voy a hacer personalmente", les espetó para negarse, y entonces les dijo que había hecho una copia forense del disco duro en forma particular y que la entregó a una escribanía. También dijo que él mismo había llevado el dispositivo a la fiscalía. Ahora habrá que ver qué hace la fiscala porque ante la negativa del viejo aliado de Elisa Carrió, el procedimiento no se pudo hacer como había sido dispuesto ni se sabe qué pasó con su contenido.
Por lo pronto, la ley 11.683 es clara: "Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos". Como es evidente, si el contenido de la notebook hoy lo tienen terceros, estaría en entredicho el cumplimiento de esa normativa. El mail que mostró este diario y otros que analiza la justicia, muestran cómo actuó la AFIP entre 2016 y 2019 a través de lo que se llamaban "grupos de tareas", como los que actuaron durante la última dictadura cívico militar. Mecikovksy tuvo otros denuncias por filtrarle información de la AFIP protegida por el secreto fiscal a Carrió. Actuó, a menudo, a pedido del fallecido juez Claudio Bonadio en causas judiciales, con el propósito de desplegar el hostigamiento desde el ámbito judicial directamente contra la actual vicepresidenta y empresarios como los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, presionados incluso para desapoderarlos de sus empresas.
Por esas paradojas, la causa contra Mecikovsky tramita en el viejo juzgado de Bonadio, que ahora subroga Ercolini. Tiene en la mira también a los ex titulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli. Sólo con mirar el e-mail del funcionario se advierten las tácticas utilizadas por el macrismo para armar causas penales: el uso de determinadas figuras penales, cuyo modo de aplicación empieza a ser cuestionado, como el lavado de dinero, y la alianza con organismos que dependía del Poder Ejecutivo, y que eran utilizados para inmiscuirse en los expedientes, desde adentro, y lograr acusaciones graves y detenciones. Acá aparece la UIF mencionada de mera directa, la AFIP cumplió ese papel, y también la Oficina Anticorrupción.
Mecikovsky tenía sus hilos con la Casa Rosada y el gobierno de Macri. Unos días antes de que Bonadío procesara a CFK en la causa Cuadernos, el funcionario visitaba la ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Lo que es seguro es que el fallecido juez no hacía pedidos al área jurídica de la AFIP para las causas judiciales, sino que directamente recurría a Mecikovksy. La intervención en causas judiciales sin tener los poderes correspondientes, es una de las numerosas irregularidades detectadas en las auditorías y sumarios de la actual gestión de la AFIP. Otras son: la designación irregular de funcionarios a cargo de procedimientos de fiscalización; consultas recurrentes al sistema informático en violación al secreto fiscal, sobre la familia Kirchner o los dueños de Oil Combustibles, Austral Construcciones y otras empresas; procedimientos de procedimientos de fiscalización sin notificar a las personas fiscalizadas para que pudieran defenderse.
