Al contrario de lo que nos advierte el filósofo José Santayana, con su célebre frase: "los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo", en Argentina, a pesar de conocer bien la historia, el kirchnerismo al frente del Gobierno Nacional, quizás por un empecinamiento ideológico o por algún tipo de disonancia cognitiva, insiste con implementar fórmulas fracasadas de un pasado no muy lejano, condenando al pueblo argentino a vivir en el pasado y a revivir, eterna y repetidamente, las crisis económicas en una especie de anomalía temporal de redundancia cíclica. Todo un desafío para la ciencia política, la ciencia económica, la antropología y también -¿por qué no?- para la física cuántica.
Por: Gabriel Gutiérrez

La designación del economista Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior en reemplazo de Paula Español, que pasó a la órbita del Ministerio del Interior donde continuará con sus experimentos socioeconómicos, encendió todas las alarmas en el sector empresarial y productivo tras conocerse las primeras declaraciones del nuevo funcionario que adelantó un endurecimiento en los controles, no solo de los precios sino ahora también de las ganancias y los costos de las empresas. El economista defendió esta nueva reedición de estos métodos ideados e implementados por soviéticos, fascistas y nazis de la primera mitad del Siglo XX, esgrimiendo que los congelamientos "no siempre fracasaron". El nuevo Guillermo Moreno –pero con título- trató de suavizar la idea de la inminente exacerbación en los controles hablando de un “acuerdo con el empresariado”; solo que “acuerdo”, en el léxico kirchnerista, es algo parecido a esas soluciones a los conflictos que ofrecía Don Corleone… ¿recuerdan “el acuerdo que no se puede rechazar”?.
Es que del "no les pedimos que pierdan, sino que ganen menos", de Martín Guzmán pasamos al "no pedimos que pierdan plata, sino que ganen vendiendo más”, de Roberto Feletti, quien advirtió severamente que aplicará la Ley de Abastecimiento y de Precios Máximos de 1974 si no se cumple con el “acuerdo” de precios planteado por el Gobierno a las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo y supermercados, con el objetivo de mantener precios estables de 1.247 bienes de la canasta básica por un plazo de 90 días. El pedido del cada vez más acotado ministro de Economía, era comprensible en un contexto de pandemia, pero lo que ahora exige el Gobierno Nacional en boca de su nuevo Secretario de Comercio Interior es, en la práctica, una extorsión y una condena al sector productivo y empresarial a financiar la desesperada política electoralista de corto plazo para intentar el milagro en noviembre. Con esa “lógica” de poner el carro adelante del caballo, parecería que este economista cree que fabricando más ataúdes se moriría más gente.
Si bien es cierto que los congelamientos tienen efectos inmediatos que se perciben en el corto plazo, lo cierto es que no cambian la dinámica de la formación de precios ni sostienen en el tiempo la merma en la inflación, porque los precios y los costos en algún momento tienen que sincerarse, so pena de condenar al sector económico a trabajar a pérdida. La historia argentina tiene al menos siete antecedentes de congelamientos que terminaron en un rotundo fracaso, siendo el más tardío el Plan Precios Cuidados, del gobierno de Cristina Kirchner, extendido durante el gobierno de Mauricio Macri, mientras que el primero fue el Segundo Plan Quinquenal, de Juan Domingo Perón. También se implementaron congelamientos y controles de precios en la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía, en 1967; en el tercer gobierno de Perón, con el Acta de Compromiso Nacional impulsada por el ministro José Ber Gelbard, el más recordado por la catástrofe que significó la liberación de precios y tarifas -cuando el congelamiento ya era insostenible- bajo el ministerio de Celestino Rodrigo –el tristemente célebre Rodrigazo-. Caben recordar también la Tregua de Precios de 1977, de José Martínez de Hoz, con la famosa "tablita" de desindexación; el Plan Austral, de Raúl Alfonsín, que desembocó en la Hiperinflación de 1989; y por último pero no menos importante, la Convertibilidad de Carlos Menem y Domingo Cavallo que culminó con la crisis 2001-2003. En todos los casos quienes ejercían el gobierno no sostuvieron en el tiempo la necesaria austeridad al sucumbir ante la tentación de financiar la política en cuanto vieron caudales ingresando en las arcas… y en cada oportunidad, la bacanal de gasto público fue en aumento.
El punto es que los congelamientos de precios y tarifas –y la eliminación de ceros en los billetes- funcionan en el corto plazo como paliativos, es decir como un medicamento que trata los síntomas pero no las causas. Para que un congelamiento –o una reconversión de moneda mediante la quita de ceros- sea sustentable y exitoso en el tiempo, no solo la salida debe ser muy bien planificada sino que deben acompañar medidas contrainflacionarias reales en la forma de programas económicos complementarios integrales que ataquen las causas. En simples palabras: ajuste en el gasto público y responsabilidad monetaria. Quizás, sería buena idea estudiar de la exitosa salida de la crisis del 2008 que experimentó recientemente Portugal. En Portugal, según lo explica el artículo "Capitalismo de la Sardina", de la BBC, se logró salir de la crisis y se liberaron del multimillonario rescate, de casi 90 mil millones de dólares que habían pedido a la Unión Europea y al FMI para afrontar la bancarrota, mediante la conjunción de dos períodos que resultaron claves: un necesario período de ajuste y austeridad, seguido de un período de abandono paulatino de la austeridad sin dejar de lado la responsabilidad en el gasto público. Fue un proceso de casi una década que hoy se ve coronado con el éxito, a pesar de la pandemia, sin recurrir a la emisión descontrolada, ni mucho menos a la desvergonzada compra de voluntades para ganar una elección.
Pero lamentablemente, ni a nuestra política económica ni a nuestro Banco Central los manejan políticos o economistas europeos. La clase política no llega a los consensos necesarios para una política de Estado para una economía coherente, que han de aplicarse sin importar el color de las banderas del partido político al que le toca gobernar. Difícilmente se logrará salir del descalabro económico en el que nos encontramos si ante una derrota electoral le siguen medidas irresponsablemente populistas como los viajes de egresados gratuitos, o el bono cultural de $5.000, o los $135 mil millones para remozar planes sociales -fondos que irremdiablemente administrarán La Cámpora y los gerentes de la pobreza que gobiernan a las organizaciones sociales-. El "Plan Platita" y la emisión descontrolada sin respaldo no son exactamente medidas contrainflacionarias reales, ni sustentables, sino que a lo largo de la historia se ha demostrado que es como echar, no leña sino nafta al fuego.
Esta semana se conocerá el desenlace este nuevo episodio de confrontación, ya que el flamante funcionario se dio tiempo hasta este lunes para analizar la contraoferta de los empresarios. La inflación de este año superará, por lejos, el 50% -de hecho la acumulada ya superó la proyectada en el Presupuesto-; pasadas las elecciones, después del festival de emisión y las medidas electoralistas, no es nada descabellado augurar que quedaremos al borde de otra Hiperinflación… y todo indica que están pisando el acelerador a pesar de tener a la vista el precipicio que ya conocemos. Esta película ya la vimos.















